Ni Tribunal Ni Electoral
Javier Martín Reyes, Profesor Asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y Juan Jesús Garza Onofre editaron el libro Ni Tribunal Ni Electoral publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM / CIDE.
Presentación
La política y el derecho constituyen dos campos sociales que, en ocasiones, conviven y se complementan. Son las dos caras de una misma moneda, decía Norberto Bobbio. Sin embargo, sus condiciones estructurales hacen que, las más de las veces, entren en una fuerte tensión. La política busca alcanzar y conservar el poder. Mientras que el derecho busca contenerlo y encauzarlo. La política usa principios pragmáticos que permiten justificar la acción en función de las circunstancias inmediatas. El derecho usa reglas generales que buscan orientar la acción de manera consistente y sin importar las circunstancias. La política busca modificar la realidad mediante acciones efectivas sin importar el largo plazo. El derecho tiende a conservar para generar certidumbre y seguridad. Estas y otras tensiones se manifiestan permanentemente, aunque con diversos grados de intensidad.
La materia electoral es un espacio privilegiado para observar la interacción entre política y derecho. En el caso particular de México, la compleja y extraordinariamente dinámica construcción institucional que acompañó la transición política y la generación de condiciones efectivas de democracia (o por lo menos de alternancia política) siempre se han dado en el marco de esta tensión. Las diferentes “reformas políticas” que iniciaron en 1976 y se prolongaron —por ahora— hasta 2014 buscaban incorporar las muy variadas demandas de los actores políticos, al mismo tiempo que dar estabilidad a un sistema electoral en constante transformación. Esta condición explica, en parte, las peculiaridades del complejo y barroco diseño institucional del sistema electoral mexicano.
La materia electoral es un espacio privilegiado para observar la interacción entre política y derecho. En el caso particular de México, la compleja y extraordinariamente dinámica construcción institucional que acompañó la transición política y la generación de condiciones efectivas de democracia (o por lo menos de alternancia política) siempre se han dado en el marco de esta tensión. Las diferentes “reformas políticas” que iniciaron en 1976 y se prolongaron —por ahora— hasta 2014 buscaban incorporar las muy variadas demandas de los actores políticos, al mismo tiempo que dar estabilidad a un sistema electoral en constante transformación. Esta condición explica, en parte, las peculiaridades del complejo y barroco diseño institucional del sistema electoral mexicano.
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