Contagio criminal Cómo las detenciones de gobernadores debilitaron al PRI | Política y Gobierno Vol. 27 Núm. 2
INTRODUCCIÓN
Aunque las acusaciones contra gobernadores mexicanos por corrupción son de larga data, sólo recientemente han empezado a ser investigados y sancionados con una mayor frecuencia. Según investigaciones recientes, durante el último sexenio previo a la democratización —de 1994 a 2000— sólo cuatro gobernadores fueron investigados a nivel federal (Ang, 2017), mientras que, durante la administración del presidente priista, Enrique Peña Nieto (2012-2018), se ha investigado a más de quince ejecutivos locales y se han dictado órdenes de detención contra al menos ocho de ellos. Estas detenciones se producen en un país en el que 48 por ciento de los participantes en una encuesta representativa a nivel nacional mencionó a la corrupción como uno de los tres problemas irresueltos más importantes, sólo después de la inseguridad y el desempleo (INEGI, 2017).
Sin embargo, es importante señalar que no todos los partidos contribuyeron por igual al conjunto de gobernadores enjuiciados. De los ocho gobernadores procesados que gobernaron durante la administración de Peña Nieto, siete de ellos eran colegas de partido. Esta sobrerrepresentación de priistas se observó, incluso se destacó, en las campañas electorales de 2018 que presentaron al PRI como una institución construida para proteger o permitir la corrupción. En efecto, el candidato presidencial que finalmente ganaría las elecciones, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), centró su campaña en la lucha contra la corrupción y las conductas delictivas y en deshacerse de la “mafia del poder”, la mafia política que había invadido la administración federal y local. Durante las campañas tampoco fue raro encontrar editoriales de periódicos y expertos que se hacían eco de la idea de que el partido gobernante, el PRI, había habilitado o protegido a gobernadores que desviaron ilegalmente millones de pesos.
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