Siguiendo la experiencia de una comunidad epistémica internacional, México introdujo en la reforma constitucional de 2013 y legislativa de 2014, la obligación de presentar una evaluación de impacto social de todos los proyectos de energía. Este artículo, elaborado por Basilio Verduzco Chávez y M. Basilia Valenzuela, identifica problemas metodológicos en la medición de cambios e impactos