COVID-19, despensas y narco

Fotografía: Flickr Eneas de Troya


La violencia criminal en México es uno de los retos de seguridad más importantes para el país. Este artículo es el primero de una serie que busca abrir un espacio para la reflexión y discusión de este y otros tipos de violencias, a la luz de los impactos de la pandemia por el COVID-19.

Por: Sandra Ley, Profesora Investigadora DEP y Guillermo Vázquez del Mercado, Profesor Asociado DEP

Difícilmente otro evento ha generado un impacto en la salud y en la economía mundial como la pandemia y cuarentena generada por el COVID-19. En México, sin embargo, el virus llegó en medio de una profunda crisis de violencia que ha seguido en curso a pesar de la pandemia. Por ejemplo, el 21 de abril fue el día en el que 144 personas murieron por el virus en México, mientras que el día previo, 114 asesinatos tuvieron lugar en todo el país. Por un lado, estas cifras revelan la creciente letalidad del virus. Por el otro, reflejan la continua actividad y violencia de las organizaciones criminales en México.

En semanas recientes ha llamado la atención la clara combinación del uso de la violencia con la provisión de bienes por parte de los grupos criminales. Por diversas notas periodísticas, sabemos de al menos cinco estados (Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas) en donde diferentes organizaciones criminales han realizado entregas de despensas a diversos sectores de la población. Es importante señalar, sin embargo, que estas acciones no son nuevas y responden a motivaciones diversas que van desde la disputa del control territorial al estado, búsqueda de legitimidad, conformación de una base social de apoyo y hasta el posicionamiento de marca.

La lógica de la gobernanza criminal

Los grupos criminales buscan ejercer el monopolio de la violencia en los territorios bajo su influencia, con el fin de maximizar sus ganancias económicas. Sin embargo, la competencia frente a otros grupos criminales—igualmente interesados en ejercer control territorial—y frente a autoridades estatales—que confrontan al crimen organizado—conlleva a la diversificación de su mercado hacia nuevas y diversas industrias ilegales, así como a la búsqueda de controles e ingresos más allá del mundo criminal. En este sentido, diversos estudios académicos sobre el crimen organizado[1] han documentado la infiltración de los grupos criminales en los gobiernos y economías locales, buscando generar así controles sobre la población civil, la actividad económica y la vida política de las comunidades. De esta manera, los grupos criminales establecen regímenes de gobernanza criminal, o controles de facto que dichas organizaciones ejercen no solo sobre el mundo criminal sino sobre la población local, los gobernantes y sus territorios en cuanto a política, economía y organización social.

Es bajo la lógica de la gobernanza criminal que hemos visto la infiltración del crimen organizado en procesos electorales en México, aunado al asesinato de cientos de autoridades locales y candidatos en la última década. El creciente fenómeno de extorsión a negocios y los intentos del crimen organizado por incluso controlar precios de productos como el limón y el aguacate revelan también el ejercicio de controles económicos de los grupos criminales en México. A la par, estas organizaciones buscan igualmente ejercer controles sobre la población civil, buscando ganar protección y legitimidad a nivel local, obtener información valiosa de lo que ocurre en las comunidades, contener posibles demandas por reformas en materia de seguridad y controlar comportamientos que puedan poner en riesgo sus mercados. El fenómeno de provisión de despensas que recientemente ha llamado la atención de los medios de comunicación forma parte de esta dimensión de control social, dentro de la lógica de la gobernanza criminal.

Las despensas

Como ha sido claramente documentado y establecido desde el famoso “plata o plomo” de Pablo Escobar, la violencia no es la única manera de generar controles y doblegar voluntades. Si bien la desaparición de personas y la extorsión ha sido una manera de controlar a la población civil, la provisión de bienes y servicios también ha sido parte de las herramientas utilizadas por los grupos criminales para el mismo propósito. Este fenómeno no es exclusivo del caso mexicano y se ha documentado ampliamente en Italia, Japón, Brasil, Jamaica, Colombia, entre otros. Grupos criminales financian fiestas patronales, pagan medicinas, distribuyen juguetes para niños en las fiestas decembrinas y sí, también distribuyen despensas en tiempos de dificultad económica.

Los grupos criminales que han distribuido estos ‘apoyos’ difieren en su alcance y formato, desde la entrega de despensas en bolsas transparentes y cajas de supermercados hasta otras más “sofisticadas,” con las estampas del grupo criminal patrocinador—como lo hicieron Los Zetas en Tamaulipas o el Cartél de Jalisco Nueva Generación en Guanajuato—o incluso en cajas impresas con la marca o imagen comercial y la página de internet para la compra de productos marca del líder criminal—como ocurrió en Jalisco, por parte del Cartel de Sinaloa.

Justamente el caso del Cártel de Sinaloa ilustra que lo que, en principio, podría parecer una compleja estrategia de ‘responsabilidad social’ es en realidad parte de un engranaje dentro de una multiplicidad de herramientas al alcance del grupo criminal para alcanzar sus objetivos de control territorial. En este sentido, es importante señalar que el Cártel de Sinaloa es uno de los grupos criminales que ha generado más violencia en México en los últimos 20 años. Y, en paralelo a la comercialización de productos ilícitos, también tiene empresas lícitas que buscan tomar ventaja del nombre del líder criminal para posicionar productos legales con la marca de la organización, con lo que parecieran pretender desdibujar de manera abierta la línea entre los productos legales e ilegales que comercializan. En conjunto, todas estas acciones son parte de una estrategia más amplia en la generación de legitimación y control entre los miembros de las comunidades donde opera el grupo y, en caso de una acción del Estado en su contra, poder contar con su respaldo. Más aún, su resonancia—en este caso, la mediatización del reparto de las despensas—permite además enviar un mensaje, tanto a bandas rivales como al Estado, sobre el nivel de control territorial que tienen en los lugares donde reparten estos víveres. 

Una reflexión final

A la luz de este análisis, es importante subrayar dos elementos.

Primero. La atención mediática que recientemente ha recibido la entrega de bienes por parte de grupos del crimen organizado a comunidades marginadas no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de la industria criminal en México. Los Zetas han repartido igualmente juguetes y roscas de reyes en otros momentos. Los grupos criminales en otros países en América Latina, Europa y Asia también han realizado tales acciones. Sin embargo, algunas organizaciones criminales comienzan a innovar en estos procesos lo que podría desdibujar abiertamente la legalidad e ilegalidad de sus acciones.

Segundo. La provisión de bienes y servicios por parte del crimen organizado tiene un alcance sustantivamente limitado y condicional a la prevalencia de comportamientos favorables a la organización por parte de la población local. Más aún, dicha provisión suele depender del establecimiento de monopolios locales y relaciones cercanas entre el estado y el grupo criminal. Por lo tanto, como se refirió, esta es solo una de las herramientas que las organizaciones tienen a su alcance, para ejercer control territorial según sea conveniente y necesario. Sin embargo, no tienen el potencial de sustituir al estado, ni sigue una lógica de bienestar social— aún menos cuando las acciones son realizadas a la par del uso indiscriminado de la violencia.



[1] Arias, Enrique Desmond. 2017. Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean. Cambridge: Cambridge University Press; Magaloni, Beatriz, Gustavo Robles, Aila M. Matanock, Alberto Díaz-Cayeros y Vidal Romero. 2019. “Living in Fear: the Dynamics of Extortion in Mexico’s Drug War.» Comparative Political Studies https://doi.org/10.1177/0010414019879958; Trejo, Guillermo, and Sandra Ley. 209. “High-Profile Criminal Violence: Why Drug Cartels Murder Government Officials and Party Candidates in Mexico.” British Journal of Political Science https://doi.org/10.1017/S0007123418000637

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