Pandemia y fuerzas de seguridad en México – PEV

Pandemia y fuerzas de seguridad en México

Por Guillermo Vázquez del Mercado, Profesor Asociado-DEP

Justo detrás de los médicos, enfermeras y el resto del personal médico que están en la primera línea de batalla contra el COVID19, están policías, militares y marinos. Su trabajo es indispensable porque además de que el servicio de seguridad debe prestarse 24/7, su despliegue en el territorio ha contribuido de diversas maneras a mantener el distanciamiento social. Sin embargo, prestar el servicio de seguridad en el contexto de violencia e inseguridad mexicano y en tiempos de pandemia, presenta retos importantes tanto para policías como para personal militar. A continuación, resalto algunos.

Contagio. Mantener el orden público es fundamental hoy más que nunca. Sin embargo, lleva implícito una constante exposición de los miembros de las instituciones de seguridad del país al virus debido a que deben tener un contacto constante con ciudadanos. Es difícil establecer el número de personal de seguridad infectado, pero las cifras dadas a conocer por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dan una idea del reto que enfrentan las policías del país. Hasta mediados de abril esa Secretaría tenían registrados 1,437 casos confirmados, 1,528 sospechosos y 64 decesos. Además, por precaución, en esa institución se vieron en la necesidad de enviar a su casa a más de 2,000 policías que fueron remplazados con un número igual de militares y marinos principalmente en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Coyoacán.

El número de contagios y el apoyo militar (que será analizado más adelante) no deben extrañar. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Policial (ENECAP-2017), en México existen alrededor de 385 mil policías, de los que un importante porcentaje cae dentro de la población en mayor riesgo de contagio por COVID19 por las enfermedades crónicas que padecen:

EnfermedadPorcentaje
Sobre peso79.4% (30% con obesidad)
Hipertensión arterial9.1%
Diabetes6.6%

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENECAP-2017

Los militares y marinos también son susceptibles al contagio. Hasta finales de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina reconocieron 481 casos sospechosos, más de 100 contagios y cinco decesos por COVID19 en sus filas. Además, en Sonora un cuartel militar tuvo que ser desalojado y sanitizado después de que 13 militares dieron positivo, lo que también implicó que 200 elementos más tuvieron que ser puestos en cuarentena por precaución.

Equipamiento. La ENECAP-2017 también encontró que el 86.1% de los policías en funciones operativas obtuvieron por cuenta propia accesorios (esposas, gas lacrimógeno, chaleco de tránsito, etc.) o material de apoyo (equipo de radiocomunicación, teléfono celular, etc.). La alta capacidad de contagio del virus incrementó la presión sobre las necesidades de equipamiento esencial para policías, personal militar y naval. De tal magnitud fue el impacto que el 9 de abril el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública autorizó a gobernadores y alcaldes a utilizar las partidas de capacitación y prevención, de los fondos de fortalecimiento de la seguridad pública estatal (FASP) y municipal (FORTASEG), para adquirir equipo sanitario para proteger a los policías y personal operativo. Sin embargo, dados los resultados de la ENECAP, es previsible que el equipamiento sanitario adquirido con estos fondos sea insuficiente y que, al menos los policías, se vean en la necesidad de adquirir por cuenta propia equipo adicional para protegerse. Adicionalmente, dado que los fondos de capacitación y prevención se verán afectados por la compra de insumos sanitarios, se pueden esperar retos adicionales para la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, así como de acciones de prevención social de la violencia que serán tan necesarios para contener los efectos sociales y económicos de la pandemia.

Distanciamiento social. Su aplicación en México ha tenido variantes en estados y municipios donde la fuerza pública es la encargada de aplicar sanciones (administrativas o económicas) a los ciudadanos que no las respeten o solo de apoyar a la autoridad en dar a conocer las medidas para que los ciudadanos sean los responsables de respetarlas o no. Tal vez los dos casos que son más contrastantes son los de los gobiernos estatales de Jalisco y de la Ciudad de México. En el primer caso, el Gobernador Enrique Alfaro, en coordinación con las autoridades municipales y sanitarias, dio carácter obligatorio al cumplimiento del distanciamiento social e instruyó a la fuerza pública a aplicar las sanciones correspondientes. En contraste, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum estableció que la policía no podría dedicarse a detener gente en la calle en lugar de prevenir el delito y proveer seguridad. Además, el caso de la Ciudad de México es particular porque probablemente fue el primero en el que la policía le fue asignada la responsabilidad de perifonear quedarse en su casa por la contingencia a través de los altavoces de sus patrullas. En este punto es difícil evaluar cuál de las dos estrategias contribuirá a reducir contagios, pero abre la discusión de la confianza (alrededor del 55%) y legitimidad que tiene las policías para hacer valer medidas sanitarias.

El Decreto. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo, autoriza a la fuerza armada permanente a participar en tareas de seguridad pública, a estas alturas, no debe extrañar ni sorprender. No, después de más de 13 años de que el Gobierno Federal lo ha hecho de manera implícita. No, frente a la falta de compromiso de esta, y de las anteriores administraciones, por construir instituciones civiles de seguridad capaces y confiables. No, después de las innumerables tareas que le han sido asignadas por el Ejecutivo Federal a militares y marinos (construcción del aeropuerto, resguardo de pipas con gasolina, conformación de la Guardia Nacional y activación del Plan DNIII para asistir a la población durante la pandemia).

Lo que sí llama la atención, es que el decreto establezca el 27 de marzo de 2024 como fecha preliminar de salida del ejército y la marina, sin siquiera delinear una posible estrategia mínima para contribuir a que la Guardia Nacional, las policías estatales y locales se fortalezcan de tal manera que puedan hacerse cargo de la seguridad pública. Del decreto también resalta que no establezca acciones específicas que las fuerzas armadas deberán realizar para, por ejemplo, focalizas sus acciones en las organizaciones criminales más violentas, en regiones del país donde la violencia se concentra o en aquellos delitos que más afectan los derechos de los ciudadanos (homicidio, extorsión o secuestro). Más aun, es de destacar el énfasis que esta administración imprime en la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, frente a las áreas de oportunidad en capacitación y equipamiento que han mostrado al hacer frente a ciudadanos que, armados con piedras y palos, han replegado a militares o marinos que buscan combatir el robo de hidrocarburos o incluso desarmado y reteniendo militares durante acciones contra el crimen.

Gobernanza y violencia criminal. El uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, por un lado, supone una ventaja por su capacidad de despliegue y de uso de la fuerza para enfrentar a organizaciones del crimen organizado y bandas delincuenciales. Por el otro, requiere el respeto a los derechos humanos, de aplicación del estado de derecho y de las restricciones en el uso de fuerza, para el que los militares y marinos parecen no terminar de estar preparados. Esto ha contribuido en abrir espacios para que organizaciones criminales de todos tamaños, disputen constantemente al Estado y al monopolio de la violencia que deberían ostentar. Ejemplos recientes han surgido durante la pandemia con el reparto de despensas por diversas organizaciones criminales, así como mediante el surgimiento de nuevas bandas criminales que abiertamente retan a las fuerzas armadas.  

Además de los retos que las fuerzas de seguridad en México ya enfrentaban (falta de estrategia, recursos, capacitación, entre otros), la pandemia por el COVID19 trajo consigo desafíos adicionales para policías, militares y marinos. En los próximos meses veremos cuáles serán los resultados. Dado el contexto, no parecen prometedores.  

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