Agua, libre tránsito y eliminación de fondos: más retos a la seguridad en México – PEV

Agua, libre tránsito y eliminación de fondos: más retos a la seguridad en México

Guillermo Vázquez del Mercado, Profesor Asociado DEP

En medio de la pandemia por COVID19, los retos en materia de seguridad para México se siguen acumulando. La violencia criminal continúa sumando alrededor de 3,000 homicidios al mes. En lo que va del año se acumulan más de 550 feminicidios y la ausencia de una estrategia clara y diferenciada para controlarlos, aún está ausente.

En este contexto han surgido al menos tres amenazas adicionales a la seguridad: la lucha por el agua en Chihuahua; la toma de casetas en carreteras de peaje que amenaza el libre tránsito y la seguridad de las personas en varios estados del país; y la eliminación de fondos públicos para fortalecer instituciones de seguridad, así como para atender y proteger víctimas de la violencia.

Agua. Hace 76 años los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el Tratado de Aguas Internacionales que reparte el líquido de los ríos Bravo y Colorado entre ambos países. Cada cinco años México debe entregar 2,158 millones de metros cúbicos a nuestro vecino del norte proveniente de tres estados (Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua). Este año, agricultores de Chihuahua evitaron que este compromiso se cumpliera, ya que consideran que esto los dejaría sin líquido suficiente para el ciclo agrícola del siguiente año.  

El quinquenio pasado el gobierno de México incurrió en un déficit de entrega de agua así que para asegurar poder cubrir el compromiso bilateral, el Gobierno Federal envió a la Guardia Nacional para resguardar la presa ‘La Boquilla’, en Chihuahua. Esto culminó en un enfrentamiento con agricultores que dejó varios heridos y una persona muerta. Además, el conflicto se ha politizado entre los gobiernos estatal y federal e incluso el Embajador de Estados Unidos en México se ha pronunciado porque México cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de agua.

Libre tránsito. La toma de casetas de carreteras de peaje se está volviendo un fenómeno recurrente. De acuerdo con la Asociación Nacional de Infraestructura Vial, entre 25 y 30 casetas son tomadas diariamente por normalistas, ejidatarios y o cualquier grupo que decida que, para que los automovilistas puedan pasar, es necesario pagarles una ‘cuota voluntaria’ de $50 o $100 pesos de forma intermitente o permanente, normalmente bajo la mirada de la Guardia Nacional o policías estatales.

Tomas de casetas de peaje como las de Palmillas, Querétaro, Tlalpan en la Ciudad de México, La Venta en Guerrero o todas las que están en la carretera de Nayarit a Sinaloa (estas últimas tomadas desde hace varios años por ejidatarios) afectan a los ciudadanos que quienes para pasar sin contratiempos se ven forzados a pagar lo que también podría calificarse como una extorsión para continuar su camino.

Además, los recursos que generan estas ‘tomas de casetas’ (en 2019 el sector carretero registró pérdidas por más de 3 mil millones de pesos) y la impunidad para realizarlos, ya comienzan a generar actos de violencia. A principios de octubre, dos grupos se enfrentaron a balazos por el control de la caseta ‘Ecatepec-Pirámides’ con saldo de dos personas heridas, todo en medio de decenas de vehículos y transportistas.

Eliminación Fondos de Seguridad. Si bien mayores recursos no implican una mejora inmediata en seguridad, sí permiten cumplir con las responsabilidades constitucionales en materia de atención a víctimas y seguridad. Para el ejercicio fiscal 2021, hay dos elementos que resaltan y que dificultarían considerablemente cumplir con ellas.

El primero es la iniciativa de ley que presentó MORENA para desaparecer más de 100 fideicomisos y que está en discusión en la Cámara de Diputados. Aun cuando la iniciativa propone que algunos de los fondos se restituyan a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y de allí sean ejercidos por las instituciones originales que los administraban, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), deja de lado el desface en la ministración y ejecución de recursos que es un elemento muy frecuente en la administración pública federal.

Por ejemplo, la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, pondrá en riesgo el ejercicio oportuno de más de 574 millones de pesos que permite proteger a 418 periodistas y 886 defensores de derechos humanos que han sido amenazados.

Aun si estos recursos son restituidos a la CEAV, como todas las dependencias federales deberán: esperar a que los fondos sean regresados a la TESOFE (un proceso que no es expedito ni sencillo), que posteriormente pasen a la Secretaría de Hacienda, la cual finalmente deberá liberaros o ministrarlos a la Comisión—lo que normalmente sucede después del primer trimestre del año. A su vez, la CEAV deberá ejercer los recursos antes de que concluya el año y esperar a que inicie el siguiente ejercicio fiscal. Justamente, los fideicomisos, facilitan no estar sujetos a tiempos fiscales y contar con recursos en el momento que lo requieran las víctimas.

Un segundo elemento es el subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, mejor conocido como FORTASEG, al que no le fueron asignados recursos presupuestales para el siguiente año fiscal. Este subsidio recibía unos 4 mil millones de pesos distribuidos entre 286 municipios de los 32 estados para financiar, entre otros, procesos de certificación, capacitación, implementación del sistema de justicia penal, de policía y justicia cívica, así como de prevención social de la violencia.

Pudiera pensarse que otros fondos como el FASP y el FORTAMUN podrían contribuir a compensar esta perdida, pero ambos también sufrieron reducciones. El Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) le fueron asignados prácticamente los mismos recursos que el año pasado (7,700 millones de pesos) y el Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de Municipios (FORTAMUN) tuvo una reducción de 4.6% para llegar a 4,294 millones.

De aprobarse por la Cámara de Diputados en estos términos, la eliminación del FORTASEG implicaría un duro golpe a la seguridad local que no solo no podrá ser compensado con otros recursos, sino que también generará un importante reto para mantener el servicio de seguridad local y continuar con procesos de fortalecimiento institucional de las policías municipales.

La seguridad y violencia en México es uno de los problemas que más preocupan a los mexicanos y, lejos de mejorar, los retos al respecto se siguen acumulando y la capacidad institucional para enfrentarlas no parece incrementar, sino todo lo contrario. Si a lo anterior aunamos la extinción de los fideicomisos del sector ciencia y tecnología también propuesta por la iniciativa de ley de MORENA, la posibilidad de entender las causas y consecuencias de la violencia en México, desde perspectivas variadas y objetivas, basadas en trabajo académico serio y de largo aliento, se cierra por completo. Con ello también se reducen las opciones de desarrollar política pública informada que permita enfrentar y reducir la violencia en sus distintas expresiones. Y, sin duda, con la extinción de los fideicomisos también se desaparece la posibilidad de tener espacios como este para la investigación, análisis y divulgación sobre la reducción de la violencia.