El Expediente Cienfuegos – PEV

El Expediente Cienfuegos

“Entonces qué…¿son unos pen***** los de la DEA?”

Carlos A. Pérez Ricart, Profesor investigador titular de la División de Estudios Internacionales

“¿Son pendejos los de la DEA? ¿o qué?” esa fue, literalmente, la pregunta que le hizo la periodista Carmen Aristegui al fiscal Alejandro Gertz Manero en su programa de radio el lunes 18 de enero de 2021. La pregunta venía a cuenta por las declaraciones de Gertz Manero en las cuales desestimaba las pruebas recabadas por la Drug Enforcement Administration (DEA) contra el general Cienfuegos y divulgadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)[1] apenas unos días antes. Según Gertz Manero no solo eran insuficientes para ejercer acción penal contra el general sino —palabras más, palabras menos— una tomadura de pelo.

En esta entrada al blog del Programa para el estudio de la Violencia del CIDE, me pregunto: ¿qué nos dice el expediente de Cienfuegos sobre la integración de las investigaciones sobre narcotráfico en México por parte de la DEA? O, en otras palabras, pretendo inquirir, con cierta profundidad (y algo de diplomacia) a la pregunta de Aristegui a Gertz Manero.

El contexto

El 17 de noviembre de 2020 la jueza Carol Aman recibió una notificación poco habitual. El fiscal (interino) de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Seth DuCharme, le comunicaba que desistía de las acusaciones contra el general Cienfuegos —detenido el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos.  Según la notificación, la decisión de desechar los cargos criminales contra el general fue tomada desde la cúspide del Departamento de Justicia y atendía a la necesidad de “equilibrar los intereses de política exterior”. Así, se sugería que, aunque “el caso era fuerte”, privaba más la presión diplomática del gobierno mexicano que la búsqueda por someter a Cienfuegos a un proceso judicial.

Aunque en Estados Unidos  se retiraron formalmente los cargos de tráfico de droga y lavado de dinero de los cuales era acusado el general, el Departamento de Justicia envío parte de las pruebas a México para que se continuara la investigación al sur de la frontera, promesa que hizo el canciller mexicano.

Como demostraré a continuación, la lectura del expediente entregado por el Departamento de Justicia a la SRE sugiere al menos tres cosas:

  • El caso de la fiscalía sobre Cienfuegos no era, en efecto, “fuerte”.
  • No fueron solo consideraciones diplomáticas las que llevaron a que el Departamento de Justicia se desistiese de continuar el caso; si éste hubiese sido “fuerte” es improbable que se hubieran retirado los cargos contra el general en Estados Unidos.
  • En los investigadores de la DEA que llevaron el expediente, o bien hubo mala fe y, por tanto, un interés político todavía inconfesable, o falta de inteligencia impropia de una agencia de seguridad no ya de Estados Unidos, sino de cualquier parte del mundo.

El expediente

El documento consta de 751 páginas y contiene parte de una investigación iniciada por la DEA sobre narcomenudeo en Las Vegas, Nevada. Recoge miles de mensajes de BlackBerry enviados entre 2015 y 2017 y distribuidos en 58 comunicaciones distintas entre dos presuntos narcotraficantes ya muertos: Juan Francisco Patrón Sánchez (H-2) y Daniel Silva Gárate (H-9), jefe y subalterno respectivamente. En la interpretación de la DEA, en esos miles de mensajes se demuestra que Cienfuegos protegía o decía proteger las operaciones del grupo al mando de Patrón Sánchez —una escisión del llamado Cartel de los Beltrán Leyva. A cambio, el general habría recibido sobornos.

Los mensajes, que salieron de varios celulares, están firmados por seudónimos, unos más absurdos que otros (Superman, Batman, Spartacus, Samantha y Thor). En ocasiones participan otros personajes secundarios que corroboraban las historias que Silva Gárate contaba a su jefe. Además, existen capturas de pantallas de supuestas conversaciones, repletas de faltas ortográficas, que habría mantenido un usuario identificado como Zepeda (segundo apellido de Cienfuegos) con Silva Gárate.

Gran parte de la “fortaleza” de la investigación de la DEA y de la acusación del fiscal DuCharme pende de dos premisas: a) que el usuario Zepeda fuese en realidad Cienfuegos; y b) que Silva Gárate no intentaba engañar a su jefe prometiéndole que tenía un contacto que, en realidad, ni siquiera conocía. Sin esas dos premisas apenas quedan conjeturas, rumores, mentiras. Sobre esos debilísimos presupuestos se montó el escenario de la mayor crisis en materia de seguridad entre México y Estados Unidos desde 1985.

El expediente cae por su propio peso y las deficiencias ya han sido revisadas en otros lados. Acaso, sin embargo, vale la pena referir a tres de ellas:

1) Los tremendos errores de traducción del español al inglés que hacen pensar que los investigadores de la DEA apenas comprendieron los matices, símbolos, métricas, diferencias educativas y regionalismos que abundaban en las comunicaciones.

2) La ausencia de cruces de información elementales entre lo que decía de sí mismo el usuario Zepeda y la identidad del verdadero Cienfuegos. Además, las descripciones y caracterizaciones que hace Silva Gárate de Cienfuegos son todo menos precisas. En definitiva, hubiera bastado una búsqueda en Google para saber que Cienfuegos no es ni “bajito”, ni “blanco”, ni “medio llenito”, ni “güero” como describe Silva Gárate en su comunicaciones. Asimismo, parece increíble que otros errores básicos relativos a la localización geográfica de Cienfuegos al momento de tener sus supuestos encuentros con Silva Gárate pasasen de largo. Una revisión —solo una— de la agenda del general de aquellos años hubiera bastado para llegar a la obvia conclusión de que Cienfuegos no podía haber estado, al menos en dos ocasiones, en la misma ciudad en las que presuntamente se había reunido con Silva Gárate. 

3) Hasta este momento ha sido imposible demostrar, bien a la FGR o bien a la DEA, que durante los poco más de cuatrocientos días de comunicaciones recabadas en la investigación, el Ejército mexicano hubiera dejado de operar en Nayarit o se ocupase solamente de las actividades de grupos rivales al de Patrón Sánchez. Aun si este fuera el caso, cualquier observador mínimamente versado en estos temas habría advertido que operativos militares de ese tipo no son responsabilidad del general secretario, sino del comandante de la 13° Zona Militar con sede en Nayarit. La narrativa de que Cienfuegos negociara directamente con un subordinado del H-2 parece, así, una fantasía que fue suficiente para impresionar a un Gran Jurado—institución aciaga, llena de arbitrariedades y sujeta a ser manipulable como pocas en el aparato de justicia criminal de los Estados Unidos—, a una fiscalía y a los analistas de la DEA.

En definitiva, el expediente no inculpa a Cienfuegos. Casi con toda certeza se trata de un gran montaje de Silva Gárate a su jefe Patrón Sánchez. Lo que el subalterno nunca hubiera imaginado es que, cuatro años después de haber fallecido, ese mismo montaje hubiera servido también para engañar a los analistas de inteligencia de la agencia federal de drogas del país más poderoso del mundo.

Dos hipótesis sobre el papel de la DEA en la investigación de Cienfuegos

En el mejor de los casos el expediente demuestra que los investigadores de la DEA (y la fiscalía que aceptó el caso) son ingenuos y amateurs. Como he documentado en investigaciones académicas respecto a la DEA en México y América Latina, sus analistas son mucho menos profesionales de lo que se suele suponer y están expuestos a una visión del narcotráfico en México repleta de imaginarios y estereotipos racistas.[2] Además, la cultura burocrática a la que están expuestos los agentes de la DEA les impide reflexionar críticamente sobre su propio papel en la expansión de las lógicas de violencia en México.[3] Son promotores de violaciones a los derechos humanos y parte del mito que va nutriendo, poco a poco, la gran mentira de la guerra contra las drogas. En esta hipótesis —quizás la más favorable— Aristegui no estaba muy lejos en el uso de la adjetivación que hizo de la DEA. Hay, sin embargo, otra hipótesis (algo más peligrosa) y que, de ser cierta, continuará cimbrando la relación bilateral entre México y Estados Unidos: los analistas de la DEA y la fiscalía sabían de la debilidad del caso contra Cienfuegos y aun así procedieron a su captura en octubre pasado. En esta hipótesis, la DEA y el fiscal probablemente no buscaban llevar realmente el caso a juicio. Lo que buscaban era enviar un mensaje al gobierno de México que puede leerse en el continuum que va de la amenaza a la extorsión. En esta conjetura, todo el caso Cienfuegos se trata de un dardo envenenado cuyas repercusiones estamos lejos de entender en todo su significado y que deben entenderse en un contexto más amplio. Si este fuera el caso, a esta historia le queda aún un capitulo por ser narrado y la DEA le habrá de dar la razón a Gertz Manero que, ante la pregunta de Aristegui, diplomáticamente contestó: “Yo no llegaría a una calificación de esa naturaleza….todavía”. Todavía.

En cualquier caso, el penúltimo episodio de la trama Cienfuegos deja una lección para los analistas y observadores que participamos en las discusiones sobre seguridad y justicia en México: está muy bien (y acaso es sano y necesario) dudar de todo lo que sale de las instituciones de procuración de justicia en nuestro país, pero está mal (y acaso hacemos el ridículo) suponer que cruzando el Río Bravo esas mismas instituciones proyectan la misma luminosidad, sonido y brillo que en las series de televisión.


[1] Según Gertz Manero, la FGR pidió al Departamento de Justicia de los Estados Unidos toda la evidencia presentada ante el juez al Gran Jurado, así como la relación de los permisos para hacer las intercepciones telefónicas. El Departamento de Justicia, sin embargo, entregó a la FGR el mismo expediente publicado por la SRE.

[2] Carlos A. Pérez Ricart, “The Role of the DEA in the Emergence of the Field of Anti-narcotics Policing in Latin America”, Global Governance 24, núm. 2 (2018): 171–93; Carlos A. Pérez Ricart, “Taking the war on drugs down south: The Drug Enforcement Administration (DEA) in Mexico (1973-1980)”, The Social History of Alcohol and Drugs 34, núm. 1 (2020): 82–113; Carlos A. Pérez Ricart, “The Role of the Federal Bureau of Narcotics in Mexican Drug Policy Design (1940-1968)”, Frontera Norte 31, núm. 1 (2019): 1–22.

[3] Carlos A. Pérez Ricart, “La Kingpin Strategy: ¿qué es y cómo llegó a México?”, Nexos, el 21 de octubre de 2019; Carlos A. Pérez Ricart, “¿Qué hace la DEA en México?”, Nexos, el 26 de octubre de 2020.