La utopía de la justicia transicional en conflictos criminales – PEV

La utopía de la justicia transicional en conflictos criminales

Luis de la Calle, División de Estudios Políticos

Quizás una de las propuestas que más polvo levantó durante la campaña electoral de 2018 a la presidencia de la República fue la invocación de una amnistía a personas con condenas por delitos relacionados con el narcotráfico. Aunque ahora parezca difícil de creer, esa propuesta salió del equipo del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y llevaba el sello de reputados defensores de derechos humanos, como Alejandro Encinas y Loretta Ortiz. Se trataba de un posible mecanismo de solución para aliviar las cárceles de jóvenes acusados por pequeños delitos, como el halconeo. Junto con otras propuestas, como los foros de pacificación o el desarrollo de políticas sociales que atacaran las raíces de la violencia, formaba parte de un paquete orientado a reducir la violencia criminal cuya base motivacional se sustentaba en los esquemas de la justicia transicional (EJT).

La Ley de Amnistía fue aprobada por el Congreso mexicano en abril de 2020, aunque en una versión poco ambiciosa, que dejó fuera todos aquellos condenados por delitos contra la vida. Del posible uso de la amnistía como herramienta básica de un plan más ambicioso de justicia transicional que conectara la reducción de penas a los presos a cambio de su desvinculación con las bandas criminales y el reconocimiento del daño causado, nunca más se supo. Quizás la apuesta por la militarización haya tenido algo que ver con ello; quizás el poco apoyo público para propuestas de este tipo.

En un trabajo de reciente publicación con Andreas Schedler, intitulado “¿Borrón sin cuenta nueva? La injusticia transicional en guerras civiles económicas”, argumentamos que, más allá de las posibles complicaciones debidas a aspectos coyunturales, los EJT tienen difícil aplicación a los conflictos criminales. Por ponerlo de forma muy simple: en los conflictos de raíz política, la justicia transicional permite a los actores armados intercambiar información por impunidad, en un contexto en el que todos aceptan un nuevo comienzo donde las armas ya no serán necesarias (se atacan las raíces del conflicto, por así decir). Por desgracia, en los conflictos criminales, o los actores armados criminales no pueden comprometerse a dejar de usar la violencia para resolver las nuevas disputas que surjan en los mercados que dominan, o si se comprometen, no pueden evitar que surjan competidores más violentos. Ausente la milagrosa aparición de un Estado de derecho o una revolución igualmente milagrosa en los mercados ilícitos que anule los incentivos para su explotación, los esquemas de justicia transicional no pueden garantizar que la violencia criminal no siga su, a veces ininteligible, camino.

La literatura sobre guerras civiles se ha centrado principalmente en los conflictos en los que rebeldes armados con demandas políticas atacan el estado. Ha excluido conflictos en los que los grupos armados se atacan unos a otros para alcanzar mejores posiciones económicas. En nuestro artículo argumentamos que esta negligencia es más bien arbitraria. Las guerras políticas y económicas intraestatales muestran similitudes profundas. A menudo unen las esferas de la política y la vida privada y típicamente mezclan diferentes tipos de violencia (rebelión, competición y dominación), así como diferentes tipos de motivos (morales, utilitarios y expresivos).

Por ejemplo, guerras políticas como la de los Talibanes en Afganistán combinan la rebelión contra un gobierno impuesto desde fuera, la competición con otros grupos armados y las estrategias de dominación para imponer su ideología sobre las poblaciones que gobiernan. A la vez, grupos criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación tienen unas dimensiones obvias de competición con otros grupos criminales y confrontación con el Estado, a la vez que ejercen dominación sobre las poblaciones locales a las que extraen rentas a cambio de supuesta protección; de manera excepcional, a veces hasta se asocian con demandas de grupos locales agraviados, sobre todo cuando las instituciones legales desaparecen y los grupos criminales pueden adoptar prácticas distributivas tipo Robin Hood.

De la misma forma, los motivos que animan a las personas a formar parte de grupos armados como los Talibanes y el CJNG suelen mezclarse, con aquellos incluyendo no solamente personas motivadas ideológicamente, sino también con intereses más crematísticos o individuales; y éste albergando personas que no siempre se adaptan perfectamente al ideal ultra-racional con el que solemos interpretar los comportamientos de los actores criminales.

Así, nuestro escepticismo frente a la aplicación de EJT a los conflictos criminales no surge de que consideremos que estos sean radicalmente distintos a los conflictos de naturaleza política para los que aquellos fueron creados. De hecho, en varios sentidos, algunas de las condiciones originales de aplicabilidad de los EJT son comunes a conflictos criminales. En primer lugar, en países como Sudáfrica o Colombia, los EJT perseguían activar transiciones políticas que rompieran con situaciones de equilibrio de fuerzas entre los contendientes armados. Si se está hablando de aplicar estos EJT a conflictos criminales, es en gran parte porque también en ellos se observa esa correlación de fuerzas que no posibilita la derrota total de los grupos criminales. En segundo lugar, la objeción principal contra la negociación con grupos criminales – “con ladrones no se negocia” – tampoco es relevante en este caso, porque esta misma acusación ha sido empleada cansinamente contra grupos armados ideológicos con los que los gobiernos acabaron negociando. Finalmente, tampoco habría que escandalizarse si los EJT garantizaran un cierto nivel de impunidad a algunos actores criminales, pues hasta los países más avanzados recurren de tiempo en tiempo a figuras legales (como amnistías fiscales o testigos protegidos) que aseguran un cierto nivel de impunidad a cambio de dinero o información.

Entre otros objetivos loables, los EJT persiguen detonar lo que podríamos llamar “un nuevo comienzo”, basado en el entendimiento de que los actores armados aceptan renunciar a la violencia a cambio de información, reconocimiento del daño causado y un compromiso de aceptar las nuevas reglas del juego. Por ejemplo, en transiciones a la democracia, el compromiso suele ser la abolición de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos promovidas desde el Estado autoritario. Y aquí es donde los EJT chocan con pared al ser aplicados a la violencia criminal. Los grupos armados criminales no desean un nuevo comienzo, pues cualquier compromiso que ellos adquirieran en materia de renuncia a la violencia estaría topado por la necesidad de seguir usando la coerción para garantizar el funcionamiento de sus negocios, así como por la presencia de grupos competidores que podrían expulsarlos de los mercados ilegales. Incluso en un escenario completamente irreal en el que se legalizaran todas las drogas, cercenando de raíz gran parte de las ganancias de estos grupos, sus habilidades podrían ser reorientadas hacia la extracción de rentas de la población, un área en el que ya cuentan con una dilatada trayectoria.

En resumen, el gobierno de AMLO sigue profundizando en esa estrategia que podríamos llamar de “militarización con rostro humano”, sin que aún se vea una reducción clara en los delitos. No tenemos mucho fundamento para pensar que una estrategia orientada a la aplicación de EJT habría producido resultados más satisfactorios.