Paola Berenzon Flores, Estudiante de la Maestría en Administración y Políticas Públicas-CIDE
En abril de 2020, mientras quienes podíamos estábamos en nuestras casas, resguardándonos del Covid-19, en las noticias comenzó a difundirse la entrega de despensas por parte del crimen organizado, como si esto fuera un acto “altruista” de los grupos criminales. Sin embargo, una lectura más cuidados de estos acontecimientos nos indica que la provisión de bienes y servicios por parte del crimen organizado es, en realidad, un tipo de control social sobre una comunidad.
En México, usualmente se han estudiado los controles violentos del crimen organizado, como la extorsión. Sin embargo, también existe un control que no es coercitivo y que consiste en la provisión de bienes y servicios. Este fenómeno normalmente es difícil de comprender porque por la naturaleza ilegal del crimen organizado, estos hechos son conocidos más como rumores que pasan de persona a persona, pero la pandemia hizo que los medios de comunicación prestarán más atención a estas acciones.
Encontramos, entonces que esta provisión de bienes y servicios por parte del crimen organizado fue más visible durante 2020, pero, lo cierto es que, estos acontecimientos no fueron exclusivos de la pandemia. De hecho, hace unos días, en los medios de comunicación y redes sociales causó revuelo que “El Mecho”, líder del Cártel Jalisco Nuevo Generación, entregó electrodomésticos en algunas localidades de Michoacán con motivo del Día de las Madres. Además, a raíz de la pandemia, Sánchez Valdés y López Cerón realizaron una investigación hemerográfica y encontraron que, cuando menos, en medios de comunicación hay registro de este tipo de hechos desde 2004.
La provisión de bienes y servicios
La provisión de bienes y servicios es una atribución que normalmente le corresponde al gobierno y es, de hecho, una de las cuatro capacidades administrativas que tiene—junto con la cooperación, la regulación, y el análisis (Lodge y Wegrich 2014). Por ello, cuando el crimen organizado provee bienes y servicios esto puede ser una situación de complementariedad al gobierno o, por el contrario, una captura del gobierno y sus atribuciones.
Diferentes autores, como Trejo y Ley (2020), Correa-Cabrera (2017) y Durán-Martínez (2018) han demostrado que el crimen organizado no puede existir sin el Estado porque, dada la lógica de un mercado ilegal, necesita un mínimo de protección estatal. Es por ello, que el objetivo de mi investigación es analizar cómo las capacidades administrativas de los gobiernos municipales afectan el tipo de control que el crimen organizado tiene en ciertos territorios del país. Investigaciones como la de Trejo y Ley (2020) Correa-Cabrera (2017) han destacado que en los últimos años el crimen organizado dejó de estar interesado en controlar solamente las rutas del tráfico de drogas. Dada la diversificación de actividades del crimen organizado en mercados legales e ilegales, estos grupos comenzaron a establecer controles políticos, económicos y sociales a nivel municipal.
Ahora bien, desde la administración pública mucho se ha dicho que los gobiernos municipales son el “eslabón más débil del federalismo mexicano” (Arellano y Cabrero 2011) y, por características en su diseño, no tienen un papel protagónico en la definición de problemas y políticas públicas. Así, su principal función, en la práctica, sigue siendo la provisión de servicios como agua, drenaje, recolección de basura, entre otros. El poco protagonismo de los municipios se debe, entre otras cosas, a su poca autonomía económica, ya que la mayoría de los recursos que tienen los reciben de la federación, y a una falta de profesionalización de quienes forman parte de estas administraciones.
En este sentido, dado que al crimen organizado le interesa controlar los municipios, y estas unidades administrativas se han caracterizado por carencias tanto en la gestión como en su desempeño, resulta relevante conocer qué capacidades administrativas, o falta de las mismas, facilitan a los grupos criminales la provisión de bienes y servicios para el establecimiento de regímenes de gobernanza criminal.
El próximo 21 de mayo, en el Seminario de Estudios de Posgrado sobre Violencia ahondaré en este tema.
Referencias
Cabrero, Enrique y Arellano, David. Los gobiernos municipales a debate : un análisis de la institución municipal a través de la Encuesta INEGI 2009. D.F.: CIDE, 2011.
Correa-Cabrera, Guadalupe. Los Zetas Inc.: Criminal Corporations, Energy, and Civil War in Mexico. Texas: University of Texas Press, 2017.
Durán-Martínez, Angélica. The Politics of Drug Violence: Criminals, Cops and Politicians in Colombia and Mexico. USA: Oxford University Press, 2018.
Lodge, Kai Wegrich y Martin. The Governance Report 2014. USA: Oxford University Press, 2014.
Redacción. «»El Mencho», del CJNG, entrega regalos de día de las madres en Jalisco.» El Universal, 11 de mayo de 2021.
Sánchez Valdés Cerón, Víctor Manuel y López, Sara. «Narcoayudas: ¿dónde y quiénes?» Nexos, 15 de junio de 2020.
Trejo, Guillermo y Sandra, Ley. Votes, Drugs and Violence. The Political Logic of Criminal Wars in Mexico. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.