El Diplomado para el Análisis de la Violencia del CIDE busca ofrecer a más de 70 estudiantes del sector público, privado y academia, conceptos y herramientas analíticas para entender y pensar respuestas ante la violencia criminal, de género y del Estado.
En el módulo 1, académicos del CIDE y expertos externos a la institución, presentaron conceptos sobre los tipos y expresiones de la violencia criminal, de género y del Estado en México. Al término de esta primera sección, las y los alumnos hicieron un esfuerzo para pensar cómo se entretejen estos tres conceptos en ensayos breves.
A continuación, les compartimos los cuatro más destacados.
Por: Regina Isabel Medina Rosales, Analista de datos en Intersecta
Las categorías analíticas son útiles para darle sentido a realidades complejas, a pesar de que los hechos que describen no suelen tener fronteras tan bien establecidas como las de sus definiciones. Un ejemplo claro es la violencia. Si bien este sustantivo puede ir acompañado de un sinfín de adjetivos —doméstica, criminal, digital y un largo etcétera—, sus diferentes manifestaciones rara vez son excluyentes. Por lo contrario, las interacciones son abundantes e incluso indistinguibles. Por esta razón, es indispensable atender las intersecciones. De ahí surge la pregunta, ¿cómo se entretejen la represión estatal, la violencia criminal y la violencia contra las mujeres en México?
Un punto de partida es entender la violencia como un instrumento coercitivo efectivo. Aunque los intereses pueden diferir —políticos para el Estado, económicos para el crimen organizado y personales para los hombres agresores—, la violencia se presenta como una opción más en el menú de mecanismos para la obtención de objetivos. En otras palabras, ejercer violencia resulta útil para distintos casos: neutralizar la influencia de opositores políticos, bloquear rutas de traslado de mercancías a bandas criminales opositoras o evitar la independencia de una mujer. Pero la relación de los tres tipos de violencia no se limita a un paralelismo de la función instrumental del ejercicio de la violencia. En realidad, se nutren entre sí y crean ciclos viciosos. En el nivel más simple, puede ocurrir un fenómeno de contagio, en donde diferentes actores emulan las prácticas violentas de otros. Muestra de ello son las capacidades paramilitares de los grupos organizados o inclusive la formación de grupos criminales conformados por exmilitares, como el caso de Los Zetas, donde los grupos organizados han adoptado prácticas directamente del Estado. Otro ejemplo es cómo la militarización de la seguridad pública se ha traducido en más muertes de mujeres o cómo ahora seis de cada diez mujeres mueren por arma de fuego derivado de la proliferación de armas que existe en el país, como se ha documentado desde Intersecta.
Más allá de la imitación entre las diferentes prácticas violentas, hay un enramado de factores políticos, sociales y económicos que las vinculan, los cuales se pierden de vista cuando se estudian de manera separada. Por ejemplo, en México, las omisiones estatales han generado brechas abismales. El Estado mexicano no solo ha sido omiso ante el cumplimiento de sus obligaciones —desde garantizar acceso a la salud, hasta fortalecer el punitivismo carcerlario incluso en tiempos de pandemia—, sino que ha reprimido de manera brutal a los integrantes de movimientos sociales que señalan dichas omisiones. El ejemplo más emblemático es la estrategia de contrainsurgencia mal llamada Guerra Sucia. La represión estatal ha destruido tanto el tejido social como la infraestructura física de comunidades enteras. Las condiciones de precariedad creadas por la omisión y represión estatales constituyen, a su vez, parte de las causas de la violencia criminal y de género. La falta de oportunidades ha llevado a parte de la ciudadanía, la mayoría hombres, a recurrir a actividades criminales para satisfacer sus necesidades, mientras que muchas mujeres se han integrado al mercado laboral en empleos precarizados sin una red de seguridad social que se encargue de las labores domésticas y de cuidados que históricamente han realizado ellas solas: un cambio radical en los roles de género. La frustración de muchos hombres al verse incapaces de satisfacer el ideal neoliberal de la masculinidad termina siendo desahogada de manera violenta contra las mujeres en sus vidas. La violencia feminicida reinicia el ciclo de carencias para toda una familia y comunidad, así ad nauseum.
Esta es solo una breve revisión de las interacciones entre lo que suele ser estudiado de manera separada. Más allá de la exhaustividad, el objetivo es reconocer la interdependencia de estos fenómenos para continuar discutiendo y estudiando la violencia como el fenómeno sistémico que es.
Por: Claudia Nayelli Hernández Casañas, estudiante del Diplomado para el Análisis de la Violencia
Hay varias maneras en las que la represión estatal, la violencia criminal y la violencia contra las mujeres se relacionan, sin embargo, para este texto abordaré la relación desde la respuesta punitiva del estado ante el crimen y la forma en que esta respuesta afecta, de manera particular, a las mujeres.
- Represión estatal y respuestas punitivas
El Estado Mexicano ha intentado brindar una respuesta a las preocupaciones de la población con respecto a la inseguridad en el país por medio de la implementación de políticas punitivas. De acuerdo con el Barómetro de las Américas, en 2010 casi 30% de los mexicanos estaban a favor de las medidas de mano dura.
En la realidad, podemos observar este tipo de políticas en el aumento de la lista de delitos que se persiguen, así como en la severidad de las penas y sanciones que se imponen (un claro ejemplo es la prisión preventiva).
Es importante resaltar que la evidencia muestra que las políticas represivas y punitivas son inefectivas, generan más violencia, agudizan los problemas sociales y “en ocasiones incluso vulneran derechos humanos y tienen efectos contraproducentes para el Estado de Derecho y la legitimidad institucional” (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 2016).
- Consecuencias del punitivismo en la incidencia delictiva
El uso de medidas represivas, a pesar de ser una forma poco costosa para el Estado al momento de intentar resolver los problemas de inseguridad, no representa una solución real, ya que no toma en cuenta las causas estructurales de la criminalidad. Distinguir estas causas es fundamental para diseñar herramientas que nos permitan entender el fenómeno e intentar combatirlo de forma adecuada.
La respuesta punitiva generaliza y castiga, sin importar el contexto en el que se lleve a cabo la comisión de los delitos. En otras palabras “este camino impide diferenciar entre la delincuencia organizada y los actos delictivos de jóvenes excluidos” (Kliksberg, 2008). En esta misma línea, la evidencia nos muestra que la respuesta punitiva no tiene un efecto claro ni real en la incidencia delictiva, tan es así, que varios estudios han probado que no existe una correlación entre el aumento de las penas y la reducción en la comisión de delitos. (Cavada, 2018; CNDH, 2016; Pérez Correa, 2013).
Algunos factores que deberían ser explorados para crear estrategias efectivas en la disminución del crimen son, por ejemplo, las características socioeconómicas de la población que ha cometido algún delito. De acuerdo con la Encuesta a la Población en Reclusión, una de cada cuatro personas privadas de la libertad se fueron de su casa antes de cumplir quince años, particularmente, resalta que el motivo más frecuente para el abandono del hogar es la violencia familiar (Bergman, Fondevila, Vilalta y Azaola, 2014). Esto nos da una pista de hacía donde deberíamos enfocar los esfuerzos y las estrategias para resolver y atacar el problema de la criminalidad en México.
- Violencia contra las mujeres
De manera específica, la violencia afecta a las mujeres en diferentes formas: por ejemplo, la violencia que imparte el mismo Estado, la violencia institucional del sistema de justicia y la violencia criminal a la que estamos expuestas diariamente (Equis Justicia, 2020). Un claro ejemplo de la respuesta punitiva del estado en el combate contra los delitos que afectan a las mujeres, es la tendencia que existe en México por legislar a favor de la penalización de delitos de género, como lo son los delitos digitales, sin ofrecer una respuesta que brinde una solución real al crimen.
Otra forma en las que un sistema represivo afecta a las mujeres es, al no establecer procedimientos en las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia que aseguren un enfoque diferenciado y prevengan la estigmatización y victimización secundaria. De ahí la importancia de generar cambios institucionales que protejan y se comprometan con las víctimas.
Finalmente, la manera más importante en la que se muestran las deficiencias del punitivismo, es que la incidencia delictiva, particularmente en delitos de género, continúa creciendo. De acuerdo con los datos presentados por el Gobierno Federal, de agosto de 2020 a julio de 2021 se ha reportado un aumento de 13.6% en el delito de feminicido a nivel federal con respecto a la administración anterior, un aumento de 29% en el delito de violación y un aumento de 37.8% en el delito de trata de personas. (Informe Mensual de Seguridad del Gobierno de México, agosto 2021).
Conclusión
Con base en lo anterior, es posible argumentar que las políticas punitivas y de represión no proporcionan una respuesta adecuada a la violencia criminal, lo cual, afecta de manera particular a las mujeres. Así, es fundamental que los esfuerzos que se están realizando desde todos los ámbitos para atender el fenómeno criminal, partan de análisis más profundos en los que se exploren los motivos sociales por los cuales se comenten los delitos desde el inicio.
Por: David Serrato Álvarez de la Cuadra, Asesor e investigador en un proyecto de investigación sobre líneas jurisprudenciales para el Consejo Superior de la Judicatura de la Rama Judicial en Colombia.
Nuestro país vive una grave crisis de derechos humanos. En esta situación, confluyen diversos tipos de violencias. Según el INEGI (2021), de 2000 a 2020 se han registrado 422, 910 homicidios. Por su parte, la CNB (2021) indica que de 2000 a septiembre de 2021 había 68, 789 personas desaparecidas. De hecho, la propia CNB señaló que de 2006 a 2019 se encontraron 3, 631 fosas clandestinas (citado en Aguayo, Dayán & Garza, 2020, p. 88). En este breve análisis nos enfocamos en tres tipos de violencia: estatal, criminal y de género. La pregunta que nos hacemos es: ¿Cómo y por qué se entretejen estos tipos de violencias? Veamos.
Intersección de violencias
Para empezar, hay que desentrañar un mito: el crimen organizado (CO) y el Estado no son entes separados. Caso contrario, no se puede separar el “campo criminal” del “campo político” (Astorga, 2015). De hecho, Estado y CO conviven en lo que Trejo y Ley (2020) han denominado “zona gris de la criminalidad”, es decir aquel “hábitat del crimen organizado, el ecosistema donde las organizaciones criminales pueden respirar, crecer, reproducirse y tener éxito” (p. 9). Esta relación puede ser competitiva o cooperativa. En el caso de la primera, tenemos un escenario de conflicto donde la política del Estado puede ser de “represión incondicional”[1] (Lessing, 2020), disparando los niveles de violencia. En el segundo, lo que tenemos es un maridaje político-criminal. La intersección entre violencia criminal y estatal se da justo a través de esta simbiosis.
Ahora bien, la violencia de género es un fenómeno transversal que abarca tanto lo público como lo privado. Sin embargo, en el marco del conflicto, esto se ha exacerbado. Por un lado, las mujeres están envueltas en una guerra misógina que se manifiesta en el marco del CO y la violencia criminal. Por otro lado, están asediadas bajo la violencia estatal militarizada (Cfr. Atuesta & Vela, 2020). Más aún, las violencias de género se han considerado un “tema suave” en contraposición del “asunto duro o real” de la seguridad militar, es decir, las mujeres han sido víctimas objeto de la guerra y su seguridad no está en “el centro de procesos de paz” (cfr. Smith, 2017, p. 66-69). Por ejemplo, Atuesta & Vela (2020) resaltan que el comportamiento del homicidio en mujeres ha modificado a partir de la estrategia de seguridad militarizada. A partir de 2009, los asesinatos en la vía pública superaron a los de vivienda y también empezaron a ser asesinadas con arma de fuego, se pasó de 3 de cada 10 mujeres asesinadas -bajo esta modalidad- en 2000, a 6 de cada 10 en 2018 (Atuesta & Vela, 2020, p.13). En conclusión, el Estado no es “víctima” del CO, más bien “es un actor” (Karstedt, 2014, p. 316), tampoco se puede desvincular del incremento de la violencia de género en el marco de una lógica de guerra en torno a la estrategia de seguridad para combatir al CO, la vinculación entre violencias está a la vista, las consecuencias, para nuestra mala fortuna, también.
Por: Daniela Estefanía Cristóbal Sánchez, Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano
Entender la violencia es una tarea complicada, pues se puede analizar desde diversas disciplinas y a través de diferentes instrumentos metodológicos. Sin embargo, todos los esfuerzos buscan abonar a la comprensión del fenómeno para proponer soluciones que aseguren una mejor calidad de vida a los seres humanos.
En ese sentido, resulta importante considerar algunas ideas sobre la seguridad que plantea Alejandro Vélez (2012), pues señala que la noción de inseguridad se conforma por la intersección entre diversos sucesos que, dependiendo del contexto generan preocupación pública y miedo. Es decir, las consideradas amenazas de seguridad van cambiando a través del tiempo y dependen de las condiciones particulares en las que se ubiquen.
El autor retoma a Enrique Ignacio Thomé para mencionar que en la actualidad la discusión sobre seguridad ya no se trata sólo de una cuestión entre policías y ladrones, sino de un problema complejo con implicaciones en otras áreas del bienestar, calidad de vida y la ciudadanía. Y es en este marco que Vélez señala el caso de los regímenes democráticos donde el peligro de dejarse llevar por “la ilusión del orden” podría derivar en tener una visión lineal, esquemática y simplista del fenómeno de la inseguridad (Vélez, 2012).
Hoy México enfrenta un contexto histórico de violencia que se cuantifica a través de las estadísticas que genera el Estado. Sin considerar la cifra negra, los datos son estrujantes. Estimaciones del ONC (2021) para el primer semestre de 2021 señalan que en un día promedio en el país se abren 82 carpetas de investigación de homicidio doloso, 3 de feminicidio, 43 de homicidio culposo, 2 de secuestro, 58 de violación, 713 de violencia familiar, 2 de trata de personas y 234 de narcomenudeo. En todos los delitos anteriores destaca el involucramiento directo o indirecto de la sociedad, del Estado y de grupos delictivos.
¿Cómo pretende la actual administración revertir estas cifras? El documento “La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2018-2024)” señala que dicha estrategia se caracteriza por reforzar la militarización y que la creación de la Guardia Nacional ha contribuido a incrementar el poder de las Fuerzas Armadas, aumentando con ello la probabilidad de represión estatal y de violaciones a DDHH. El enfoque de género destaca por su ausencia en las políticas públicas y el discurso oficial. Así mismo, aunque se reconocen las afectaciones de las organizaciones criminales, se simplifican sus causas a procesos de desventaja socioeconómica a la vez que se recurre nuevamente a la necesidad de incrementar el despliegue de fuerzas armadas para su combate, con todas las malas prácticas y pésimos resultados que ello ha implicado.
En este contexto, la seguridad ya no puede ser entendida como única responsabilidad del Estado ni como ausencia de actividades violentas o criminales. El rol e involucramiento de la sociedad civil se vuelve cada vez más decisivo sí para construir paz, pero también bienestar, calidad de vida y ciudadanía.
[1] Se refiere al uso de la fuerza indiscriminada por parte del Estado hacia el CO.