Las (in)capacidades del Estado y sus consecuencias en la violencia en México – PEV

Las (in)capacidades del Estado y sus consecuencias en la violencia en México

En esta entrada se presentan los análisis más destacados de seis estudiantes del Diplomado para el Análisis de la Violencia del CIDE, sobre la forma en que se entretejen las (in)capacidades del Estado con las consecuencias de la violencia en México.   

Violencia contra personas migrantes y desplazadas, militarización, violencia y economía, el sistema penitenciario y la procuración de justicia, son los temas que podrán revisar aquí y que fueron tema de análisis de los módulos 2 y 3 del diplomado, que está por concluir su primera edición. 

México frente a la violencia contra los migrantes

Por: Silvia Jazmín Casas LázaroConsultora independiente en materia de seguridad

En los últimos 10 años, el perfil y la política migratoria del Estado Mexicano se han transformado sensiblemente, lo cual no ha sido acompañado por un aprendizaje socio-gubernamental sobre sus dinámicas, las problemáticas y necesidades específicas de cada tipo de flujo, tampoco por el planteamiento de acciones que fomenten el fortalecimiento institucional para atender a quienes transitan, se van, retornan o pretenden quedarse en nuestro país; así como para erradicar vicios y dinámicas delictivas que han llevado a normalizar la violencia en contra de los migrantes. 

Lo anterior, ha favorecido el abuso sistemático de quienes ven en los migrantes una oportunidad de negocio legal/ilegal y “carne de cañón” disponible para sus filas. Por un lado, se encuentran los “moches” anuales de nuestros paisanos a agentes aduanales, policías y autoridades migratorias (500-1000 dólares); los “coyotes” (5-20 mil dólares); el secuestro, desaparición forzada y cobro de piso por grupos de la delincuencia organizada (500 a 5 mil dólares); y matrimonios por conveniencia (20-30 mil pesos). Se trata de un mercado que oscila entre la legalidad y la ilegalidad solapada y ejercida por las autoridades mexicanas. 

Con la migración han ganado todos, excepto los migrantes, quienes se han consolidado en la idiosincrasia como válvula de escape gubernamental a las presiones y debilidad de la economía familiar. En mayo, el presidente mexicano celebró como un logro de su gobierno el récord histórico mensual de las remesas (4 mmdd), lo que debió ser motivo de preocupación. Lo anterior, considerando que este “logro” es resultado de otro vergonzoso récord: en el primer trimestre de 2021, la migración de mexicanos que buscan llegar a Estados Unidos registró una cifra máxima con 147,394 mexicanos detenidos, la cual no se observaba desde hace 20 años. 

El discurso gubernamental de “protección y respaldo” a las caravanas migrantes generaron la errónea percepción de que nos diferenciaríamos de Estados Unidos y ofreceríamos un trato digno. Sin embargo, respondimos con un creciente rechazo social, xenofobia y la desdicha de ser tratado como “mercancía ilegal” que debe ser desechada con la máxima fuerza (militar). 62% de los mexicanos rechaza el ingreso de migrantes indocumentados; 57.3% está en contra de otorgar permisos de trabajo y 41.2% está a favor de expulsarlos inmediatamente. 

La aparente política de “puertas abiertas” mexicana no sobrevivió a la prueba de ácido de la realidad. En 2020, la Guardia Nacional interceptó a más de 21 mil migrantes en las fronteras Sur y Norte, desatando una “cacería de migrantes” e imponiendo controles migratorios y viales unilaterales, tales como la solicitud de INE para comprar boletos de autobús. 

Esta problemática continuará complejizándose en la medida en que el Estado Mexicano no asuma una postura clara sobre el ciclo migratorio, ya que oscila tempestivamente entre la cooperación-unilateralidad, la aceptación-rechazo, la civilidad-militarismo. Se requiere del establecimiento de protocolos de operación que promuevan el respeto a los derechos humanos, 

la implementación de un esquema de profesionalización de los agentes migratorios y la definición clara de funciones entre instancias. 

Desplazamiento forzado en Chihuahua 

Por: Jorge Adrián García OrtegaInvestigador en el Observatorio Ciudadano de Ficosec 

Para entender el fenómeno del desplazamiento forzado es necesario conocer el concepto. Según el Banco Mundial, se refiere a “… la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos”, diferenciándose en desplazamiento interno y externo. El primero es aquel en que las personas desplazadas no han cruzado una frontera internacional y el segundo cuando migran del país de residencia (Andreu-Guzman,2012

Esta problemática se ha recrudecido en Chihuahua. El despojo y las violaciones a los derechos humanos en la población de la sierra han sido denunciados reiteradamente sin tener resultados en contra de quienes cometen estas conductas, niveles de violencia exacerbados, impunidad total y dominio absoluto de grupos criminales que limitan la actuación de las autoridades locales. 

Además de esta situación, la comunidad opta por no denunciar y silenciar su temor derivado de la inacción de quienes son responsables de la seguridad. Esto provoca que las familias en situación de desplazamiento cambien su plan de vida, algunas se esfuerzan por arraigarse a vivir en otras ciudades o estados, mientras que otras regresan a vivir a su tierra con el riesgo de habitar su lugar de origen y padecer los estragos de la violencia: viven en una cuerda floja.  

El desplazamiento forzado es un problema latente en Chihuahua, ya que según El Diario de Chihuahua, para el cierre de junio del 2021 se tenía un registro oficial de 545 personas desplazadas, situación que apremia al gobierno en el enfoque de estrategias para la atención de las víctimas de este comportamiento al que se ve obligada la población. 

Visto desde la perspectiva de fenómeno social que conlleva una violación intrínseca a los derechos humanos, es indispensable impulsar: 1. El reconocimiento de la conducta como delito en el Código Penal del Estado de Chihuahua; 2. Definición de una política de prevención que coordine a los tres órdenes de gobierno; 3. Establecimiento de una estrategia de atención integral a las víctimas. 

La colaboración institucional para atender la problemática no debe postergarse. Es necesaria la elaboración e implementación de políticas para la atención de víctimas y su reparación integral, así como promover medidas orientadas a fortalecer el enfoque de respeto, protección y poder otorgar el reconocimiento como víctimas a los desplazados para tener acceso a los beneficios de reparación de daños. También es indispensable que el Estado promueva acciones de prevención de este fenómeno y a su vez garantice las condiciones seguras para que las personas desplazadas regresen a sus comunidades. 

¿Qué tipo de país es México para las personas migrantes?  

Por: Eridani Jamillet Palestino RosasPeriodista y estudiante del Diplomado para el Análisis de la Violencia  

El pasado 22 de enero, los cuerpos de 19 personas migrantes aparecieron calcinados dentro de una pick up, en un camino rural del municipio de Camargo, en Tamaulipas. Dieciséis guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos —que les ayudarían a cruzar la frontera con Estados Unidos— fueron perseguidos a toda velocidad por un convoy de policías estatales hasta frenarlos con la muerte. Primero a balazos y después con fuego. 

Hasta el día de hoy, desconocemos los motivos que orillaron a los 12 agentes a cometer esta brutal masacre que incluso tuvo comparaciones con otras que ocurrieron en la región entre 2010 y 2011.1 No obstante, colocando algunas piezas a este rompecabezas nos encontramos que los oficiales pertenecían al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), una unidad élite cuyos integrantes han sido acusados por diversos abusos a los derechos humanos contra la población tamaulipeca.  

Estos elementos exhiben, una vez más, el vergonzoso papel represivo que ha aplicado el Estado mexicano frente a las personas migrantes durante la última década. Desde su mala planeación y ejecución de políticas para reforzar las fronteras con Estados Unidos y Guatemala, hasta el hostigamiento por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración o de la recién creada Guardia Nacional

En julio de 2014, por ejemplo, el Plan Frontera Sur que aplicó el gobierno de Enrique Peña Nieto reveló la maquinaria de contención que se avecinaba. La comparación entre el año previo a la puesta en marcha del programa y un año después, expone que la intención no era atender ni contrarrestar los diversos fenómenos que rodean a la migración, sino detener y deportar masivamente olvidando las obligaciones legales de ofrecer protección a quienes huyen —principalmente— de los múltiples contextos de violencia que hay en sus países de origen.  

Datos de los boletines estadísticos de la Unidad de Política Migratoria señalan que de julio de 2013 a junio de 2014, México deportó 83,585 personas migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, que comprende El Salvador, Guatemala y Honduras; un año después, la cifra fue de 150,244.2 

Esta volvió a aumentar ligeramente de julio de 2015 a junio de 2016, cuando se deportaron 153,208 personas migrantes. Sin embargo, de julio de 2016 a junio de 2017, esta se redujo un 26%, pues según la información publicada se deportaron 113,348 personas migrantes. Una posible explicación sobre este cambio sería el final de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, pues fue en enero de 2017 cuando dejó el cargo. 

Este plan también dio cuenta que, cuando aumentan los controles migratorios, las rutas hacia la frontera norte se vuelven más peligrosas y clandestinas, sobre todo en ciudades clave como Tenosique (Tabasco), Coatzacoalcos (Veracruz) o Reynosa (Tamaulipas). Esto da una gran oportunidad para que las bandas locales, pandillas u organizaciones criminales obtengan, primordialmente, beneficios económicos.  

Un reciente informe de Médicos Sin Fronteras (MSF), reveló que de 480 personas migrantes y refugiadas3 que fueron entrevistadas durante su paso por México entre 2018 y 2019, el 57.3% (más de la mitad) estuvieron expuestas a algún tipo de violencia a lo largo de la ruta. El 39.2% sufrieron un incidente de asalto con violencia y un 27.3% sufrieron amenazas o extorsión.  

El aumento en los casos de violación sexual es igualmente alarmante. Entre enero y septiembre de 2019 se atendieron un total de 277, es decir, un 134% más que en el mismo período del año anterior, que fue de 118. 

Las cifras expuestas anteriormente podrían incrementarse en la recta final de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues recientemente advirtió que su gobierno seguirá conteniendo la migración. Aunque dijo que se buscarán “soluciones de fondo”, la realidad es que no existe algo concreto. No obstante, su homólogo Joe Biden podría tener su propia estrategia de cara a las elecciones legislativas de 2022.  

México es un país peligroso para las personas migrantes. Si el gobierno actual quiere hacer un cambio significativo, necesita crear políticas públicas que promuevan seguridad de tránsito, educación y oportunidades de empleo temporales. A nivel regional, la cooperación con la sociedad civil y la diversificación de las economías locales en estos países de Centroamérica serían motores de arranque para la inclusión. 

El papel de la percepción y la opinión pública en la militarización de la estrategia de seguridad en México  

Por:  Ana María Serna, Instituto Mora  

Las Fuerzas Armadas encabezan hoy las labores de seguridad. Para acentuar el papel del Ejército en la Guerra contra las Drogas, Felipe Calderón argumentó que las adicciones amenazaban a la juventud mexicana.1 Las drogas ya no eran solo un producto de exportación sino un veneno que carcomía por dentro el futuro de la nación. Comparó su gesta patriótica con la del cura Hidalgo, se colocó la casaca militar y, como jefe de las Fuerzas Armadas, llamó a las tropas a patrullar las calles para acabar con el enemigo interno. 2 ¿Esta decisión tomó en cuenta a la opinión pública? Quizás sí. En 2007 el 69% de la ciudadanía confiaba en las Fuerzas Armadas.3 Para ese sector, el despliegue de soldados fue un alivio; sin embargo, otro ámbito de la opinión advirtió el peligro que representaba un Ejército persiguiendo civiles con la venia presidencial.4 ¿Cómo explicar semejante discrepancia? Es preciso distinguir entre las diferentes acepciones del concepto de opinión pública, ambas juegan un papel fundamental en la historia reciente de violencia. Es un espacio deliberativo donde se discuten los asuntos públicos con argumentos; también abarca ese mundo caótico donde cualquiera puede opinar.5 Uno es el círculo rojo de los expertos con el mayor conocimiento sobre ciertos asuntos; el resto es el espacio del ciudadano común con sus prejucios, ideologías, creencias, emociones, memoria, opiniones informadas y verdades a medias. ¿Qué espacio de la opinión influye realmente en la toma de decisiones? En la actualidad es claro que las autoridades resienten y rechazan la crítica informada como interlocutora auxiliar en las propuestas y evaluación de la política pública; se concentran en ese espacio nebuloso y manipulable de la “percepción” que mide ciertos niveles de popularidad en la batalla del casting político. Sin embargo, en una democracia es fundamental que las decisiones relacionadas con las políticas públicas pasen la prueba de la publicidad porque toda decisión impacta la vida del ciudadano.  

Hablar del Ejército y de su imagen pública, implica la dificultad de evaluar a una institución caracterizada históricamente por su opacidad. En el pasado reciente los militares restringieron la libertad de expresión, controlaron las comunicaciones y los medios más importantes del país.6 Paramilitares entrenados por el Ejército reprimieron movimientos sociales, operaron estrategias de contrainsurgencia y combatieron al narcotráfico.7 Bajo ese disfraz el Ejército protegió su reputación mientras cumplía con tareas de control social. Desde la transición del 2000, el Ejército no se ha visto involucrado en actos de censura directa, pero los crímenes del pasado no se han resuelto y algunos de sus elementos de alto y bajo perfil han protagonizado uno que otro escándalo de colusión con el crimen organizado.8 Hoy, periodistas, académicos y ONGs examinan con lupa, pero con muchas limitantes, cada incursión armada.9 Se ha probado su participación en homicidios de civiles, violaciones a los derechos humanos y su parálisis en ciertos eventos trágicos.10 La aprobación del Ejército ha disminuido.11 Habrá que estudiar con detalle qué factores subyacen bajo este cambio de percepción y por qué se va cerrando la brecha entre polos de opinión antes opuestos12. Lo central es que los gobiernos civiles de todos los partidos políticos han cedido el poder al Ejército en contra de la opinión pública. Más aún, sin informarle a ésta con transparencia, las consecuencias que semejante decisión provoca a nuestro tejido social. A mayor apertura y evaluación crítica, corresponde un aumento en la desaprobación del trabajo del Ejército, pero aumenta la militarización. La política pública parece ignorar a la opinión. ¿Qué sigue? ¿La corrección del camino? ¿Más violencia, autoritarismo y agudización de la censura? El equilibro lo promoverá la sociedad civil organizada. ¿Logrará ésta que prevalezca la razón sobre la fuerza?  

Violencia y economía: la responsabilidad del Estado mexicano 

Por: Luis Fernando VenegasCandidato a doctor, FCPS-UNAM 

En México, las incapacidades y las complicidades del Estado son particularmente ominosas a nivel municipal. En un artículo de investigación reciente, Vidal Romero analiza un fenómeno poco estudiado en el área de seguridad pública y violencia en el país: el lavado de dinero en municipios. El autor encuentra que este es más que un delito de cuello blanco, que distorsiona el mercado, pero que no daña la integridad física de las personas; al contrario, en México hay evidencia de que el lavado de dinero causa repuntes en los homicidios dolosos.  

El lavado de dinero cobra vidas. Como señala Vidal Romero, esta consecuencia podría parecer contraintuitivo: la bonanza económica debería pacificar a las comunidades, demostrar que hay instituciones sólidas, que las leyes se cumplen, que el Estado funciona. Pero cuando la inversión se hace con recursos ilícitos, esa prosperidad también provoca envidias en grupos rivales, fricciones internas en las organizaciones inversionistas y aumento en la ambición de líderes delictivos por tener más influencia en el territorio. Aunque en etapas iniciales esos recursos generan un periodo de relativa tranquilidad y prosperidad, al paso del tiempo, con grupos delictivos decididos a controlar los negocios locales hay una fuerte probabilidad de que la violencia aumente. 

Las autoridades municipales tienen una responsabilidad evidente en este proceso. Las autoridades tienen el incentivo de “hacerse de la vista gorda” para contar con más recursos, ya sea personales o para sus administraciones, vía cobro de impuestos (Romero, 2020, p. 9). El problema es que esos nuevos negocios mandan la señal de que no es el “estado de derecho” lo que impera en ese municipio. Con ello se abre la puerta a futuras actividades delictivas. Cuando una nueva administración llega, debe enfrentar venganzas, competencia delictiva y violencia letal. El costo de dejar pasar el lavado de dinero lo paga la población y las nuevas autoridades. 

Si uno se pregunta por qué las autoridades municipales o los ciudadanos no denuncian, la respuesta es porque el diseño político, jurídico y de seguridad hace muy costoso denunciar. Algunas características de este sistema: 

El proceso para procurar justicia es, pues, una escalera al infierno en México. Si además se le añaden los incentivos políticos mencionados, la consecuencia es desoladora: da la impresión de que el Estado mexicano está diseñado para no prevenir la violencia. Con este panorama no sorprende por qué no hay denuncias, más bien sería raro que alguien denunciara presunto lavado de dinero en su municipio. 

Frente a la ola de homicidios que vive México, y con la evidencia empírica acumulada, es casi imposible no salir a las calles y gritar: fue el Estado. La evidencia lo delata. 

Las (in)capacidades del sistema penal y la opinión pública en materia de procuración de justicia en México 

Por: Ana Karla Torres GómezInvestigadora parlamentaria en la Cámara de Diputados y estudiante de la maestría en Derecho Constitucional de la UNAM  

La incapacidad del estado mexicano en materia de procuración de justicia tiene raíces históricas. Como argumenta Magaloni (2009), las limitaciones actuales en esta materia no se explican sin entender que durante los años del presidencialismo autoritario la procuraduría fungió como uno de los brazos coercitivos del régimen, con una lógica más bien política. Este uso arbitrario del aparato de justicia no sólo inhibió el desarrollo institucional de capacidades investigativas, sino que además requirió de un poder judicial débil que avalara las decisiones del ministerio público sin cortapisas. Así, el México actual enfrenta una crisis de seguridad compleja con una maquinaria que mantiene viejas inercias: pocas capacidades técnicas y nulos controles o contrapesos.    

Lejos de atajar estas limitaciones institucionales, las reformas a la procuración de justicia realizadas desde los años noventa no han tenido una vocación estructural. Si bien la reforma al Código Penal de 1993 había incrementado la carga probatoria del ministerio público en pos del procesado, la escalada delictiva de 1994 y 1995 justificó la reforma de 1998 que disminuía los requisitos necesarios para que el juez dictara órdenes de aprehensión (Zepeda, 2004). Contrario a una lógica de madurez democrática y garantista, la incapacidad ministerial y el punitivismo penal no han sido revertidos con la consolidación del pluralismo político. Un retroceso reciente sucedió en 2019, cuando el catálogo de los delitos que requieren de prisión preventiva oficiosa se amplió (DOF, 2019). Recordemos que la prisión preventiva de oficiosa, a diferencia de la prisión preventiva justificada, no requiere valoración probatoria por parte del juez: basta con la simple vinculación a los delitos que la ameritan para que se dicte prisión automáticamente (Gómez, 2021). Como se advierte, este mandato forzoso de aplicabilidad profundiza los de por sí débiles controles y contrapesos en la procuración de justicia mexicana.  

Aunado al incremento de las medidas punitivas, no existe evidencia de que las capacidades de investigación de las instituciones encargadas de la impartición de justicia hayan mejorado. Según la última ENVIPE, durante 2020 se denunció e inició una carpeta de investigación sólo en el 6.7% de total de los delitos. De ese reducido porcentaje de carpetas de investigación, en el 48.4% de los casos no pasó nada o no se continuó con la investigación y sólo en el 4.6% se puso al delincuente a disposición de un juez.  Los resultados son más pesimistas si consideramos que regularmente las carpetas que el sistema de justicia logra procesar se tratan de delitos de poca complejidad, derivados de detenciones en flagrancia (México Evalúa, 2021).  

Como es de esperarse, las incapacidades del sistema de procuración de justicia hacen mella en la opinión pública de la ciudadanía en lo relativo a la confianza en las instituciones y la seguridad. Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos se destacan la pérdida de tiempo (33%), la desconfianza en la autoridad (14.2%) y los trámites largos y difíciles (8.5%), todos ellas causas atribuibles a la autoridad. Por otra parte, a nivel nacional, 58.9% de la población considera la inseguridad como el problema más importante del país, por encima incluso del desempleo y la salud. Finalmente, la misma encuesta apunta que 49% de los ciudadanos manifiestan tener “mucha confianza” en la Marina, 43.7% en el Ejército, mientras que sólo 13% expresó tener confianza en los jueces. Finalmente, el 65.4% manifestó percibir a los jueces como corruptos, un porcentaje no muy distinto al 62% que así califica al Ministerio Público y Fiscalías Estatales (ENVIPE 2020). 

De estos datos se puede inferir con facilidad que los ciudadanos no perciben a las instituciones de procuración de justicia como eficaces y confiables. Por su parte, la sólida confianza a las Fuerzas Armadas puede instrumentalizarse políticamente para seguir legitimando la delegación de funciones en materia de seguridad y justicia a la Armada y al Ejército, una medida que, si bien pueden hacer sentido a la opinión pública, está muy lejos de lidiar con las incapacidades institucionales en materia de procuración justicia y, al contrario, las reproduce.