Más allá del surgimiento. El panorama reciente de los grupos de civiles armados en México – PEV

Más allá del surgimiento. El panorama reciente de los grupos de civiles armados en México

Por: Moshe Ben Hamo, candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford. 

Entre 2013 y 2014, el surgimiento en México de grupos de autodefensas y policías comunitarias causó revuelo a nivel nacional e internacional. Y no era para menos. Fueron varios los municipios del país, principalmente en Michoacán y Guerrero, donde cientos o incluso miles de civiles armados tomaron las armas reclamando las funciones de seguridad que le correspondían al Estado. Y si bien es cierto que durante el periodo 2013-2014 el fenómeno experimentó un crecimiento sin precedente, la presencia de grupos de civiles armados ha persistido y se ha expandido geográficamente desde entonces. Como lo muestran los siguientes mapas, mientras que en 2013 había 96 municipios en 14 estados con grupos de civiles armados, para 2017 ya tenían presencia en al menos en 220 municipios distribuidos en 26 entidades.

Expansión de grupos de civiles armados (2013-2017)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 
Lantia Consultores y diversas fuentes hemerográficas.

Resulta difícil subsumir la gran diversidad de grupos de civiles armados bajo una sola etiqueta. Aunque se les suele nombrar autodefensas en los medios de comunicación nacionales, o vigilantes en la academia norteamericana, la diversidad del fenómeno exige categorías más específicas que capturen su complejidad. Es cierto que la gran mayoría comparte el discurso de la autoprotección frente a los grupos criminales. No obstante, su proceso de formación varía de comunidad a comunidad, así como sus estructuras internas, modus operandi, composición étnica, nivel de profesionalismo y capacidad de armamento. Hay grupos como la Columna Pedro J. Méndez en Tamaulipas que surgen de las entrañas de las mismas organizaciones criminales. Pero también existen organizaciones que se constituyen por iniciativa ciudadana y eventualmente son infiltradas por miembros de la delincuencia. Sorprendentemente, existen grupos que han logrado mantener su autonomía pese a los embates del Estado y del crimen organizado. Pero también hay intentos fallidos de conformación de grupos, y organizaciones que se han disuelto rápidamente tras salir a la luz pública. Grupos como el FUSDEG—policía comunitaria de Tierra Colorada, Guerrero—resaltan porque se han mantenido activos desde su formación, aunque ciertamente su base social y su capacidad operativa ha disminuido sustancialmente.

Existen grupos que comenzaron como esfuerzos localizados para contrarrestar los altos índices de criminalidad, pero que se han transformado en organizaciones con amplia presencia territorial y gran poder armamentístico. Este es el caso de la Fuerza Territorial Poblana, que surgió inicialmente como una asociación de no más de una docena de vecinos preocupados por la inseguridad en el municipio de Izúcar de Matamoros y ahora cuenta con más de dos mil integrantes que operan en al menos 27 municipios de la Sierra Mixteca en Puebla. Su creciente presencia territorial les ha otorgado un poder de negociación extraordinario frente a las autoridades. En julio de 2020, integrantes de la organización fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional acusados de portación de armas de uso exclusivo del ejército. En respuesta, más de 200 integrantes realizaron bloqueos y movilizaciones, exigiendo la inmediata liberación de sus compañeros. No pasó más de un día para que fueran puestos en libertad.

Algo similar sucede con la UPOEG en Guerrero, organización que se levantó en armas en 2013 en Ayutla de los Libres y ahora tiene una amplia presencia territorial en varios municipios de la entidad. La UPOEG, que cuenta con un gran poder de negociación con las autoridades estatales, ha sido acusada en repetidas ocasiones por supuestos nexos con organizaciones criminales, así como por abusos y violaciones a los derechos humanos. Asimismo, en Michoacán, el grupo Pueblos Unidos, que también se ha expandido y actualmente tiene presencia en al menos 6 municipios, ha sido señalado por pobladores por sus nexos con antiguos jefes de plaza de los Caballeros Templarios y por diversos crímenes que sus miembros han cometido, particularmente la extorsión y el secuestro.[1]  

En la práctica, los grupos de civiles armados operan en un entramado complejo de soberanías superpuestasque involucra policías municipales y estatales, Ejército y Guardia Nacional. Es común observar la presencia de todos estos actores en una misma localidad, hasta en una misma calle o avenida, en comunidades Guerrerenses o Michoacanas. Sin embargo, su coexistencia se basa en equilibrios extremadamente frágiles. Así como existe una gran diversidad de grupos, también sus relaciones con el Estado varían caso por caso.  Aunque algunos grupos cooperan con las autoridades, al punto de realizar operaciones conjuntas para enfrentar a supuestos delincuentes, otros llegan entrar en conflicto. Frecuentemente se les exige devolver las armas, lo que causa episodios conflictivos a nivel local que suelen resultar en cruentas confrontaciones entre las fuerzas de seguridad y la población. 

Aunque es un hecho que los grupos de civiles armados ya no se encuentran en el centro de la discusión pública, su presencia y expansión territorial siguen representando un reto importante para el estado de derecho y la gobernanza democrática del país. Después de la debacle que significó la intervención del comisionado Alfredo Castillo en Michoacán en 2014, el gobierno de México parece haber adoptado una estrategia de tolerancia a regañadientes, aceptando la presencia de estos grupos mientras no se crucen ciertos límites que suelen ser negociados por los actores a nivel local. En ocasiones las autoridades sí han llegado a actuar en contra de ciertas figuras prominentes, como fue el caso de David Villalobos, exlíder de un grupo de autodefensas en Veracruz. No obstante, no parece haber una estrategia federal unificada para hacer frente a grupos que trasgreden los límites acordados, cometen abusos hacia la población y operan en la práctica como organizaciones delincuenciales. 

Aún hay mucho que aportar a la agenda de investigación sobre los grupos de civiles armados en México. Si bien contamos con una serie de investigaciones que nos han permitido comprender mejor su surgimiento (Phillips 2017Ley, Ibarra Olivo, y Meseguer 2019Osorio et al 2021Moncada 2021) así como varios estudios a profundidad sobre casos epecíficos, particularmente en Michoacán y Guerrero, conocemos poco sobre la gama de organizaciones que se ha levantado en armas a lo largo y ancho del país, desde Chiapashasta Baja California. Hacen falta estudios con mayor rigor para conceptualizarlos y también es necesario ahondar en sus trayectorias y las implicaciones que tiene su presencia a nivel local. Sobre sus efectos en el control de la violencia, contamos con evidencia sobre casos como el de Michoacán, en el que su presencia está asociada a un aumento en la tasa de homicidio, así como experiencias más positivas como la de la CRAC-PC, organización que logró contener los delitos desde su formación en 1995 al menos hasta 2013, año en que sufrió fuertes divisiones internas. Estudios comparados a nivel nacional, e incluso comparaciones con grupos similares en otros países, podrían ayudarnos a entender por qué algunas organizaciones resultan relativamente benignas mientras que otras terminan convirtiéndose en el problema que en un principio pretendían enfrentar.


[1] Testimonios de pobladores y reporteros basados en Michoacán en el contexto de la investigación de doctorado del autor.