Ciudad de México 31 de agosto de 2021. Recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó el libro “Alternativas de atención al usuario de medicamentos en América Latina: retos y posibilidades de acción pública”, en la que aborda un análisis de las políticas públicas que existen en la atención del consumo problemático de drogas en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y México.
En el capítulo “El sistema de atención y cuidado al uso problemático de drogas en México: aislamiento, estigmatización y desamparo” Angélica Ospina Escobar, profesora cátedra Conacyt adscrita a la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE, analizó cómo se estructuran los arreglos institucionales para la atención al uso problemático de sustancias en México, realizando un estudio de caso en San Luis Potosí.
La Dra. Ospina planteó los problemas que enfrentan las personas que buscan un tratamiento al uso problemático de drogas y las regulaciones que existen dentro de los centros de tratamiento en modalidad ambulatoria y residencial.
“El artículo consta de tres partes: en la primera hago un recorrido histórico de cómo se conformó el sistema de atención que dio lugar a lo que tenemos hoy; después explico un poco cómo está organizado ese sistema, los servicios ambulatorios o residenciales y caracterizo en qué consisten cada uno de ellos; y después profundizo en un estudio de caso en San Luis Potosí para ver cómo operan en la práctica estos sistemas” explicó la Dra. Ospina en entrevista
De acuerdo con la investigación, existen 268 servicios de atención residencial que son administrados por la Secretaría de Salud y de los cuales, 49 son públicos y 219 privados. Por otro lado, los servicios de atención en modalidad ambulatoria son administrados por Centros de Atención Primaria a las Adicciones (Capa) a través de psicoterapia breve. Estos centros han enfrentado problemas para llevar a cabo sus actividades de forma regular.
Falta de regulación en centros de tratamiento
El aumento de publicidad trajo consigo un incremento en la demanda de tratamiento al uso problemático de drogas; sin embargo, no aumentó el número de centros y tampoco el personal que trabaja en ellos, lo que propició que los centros no gubernamentales comenzaron a atender las necesidades de la población. Estos centros son monitoreados por la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), la cual da un reconocimiento a los centros privados que cumplan con la norma 028 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Esta norma clasifica las modalidades de tratamiento disponibles en México como ambulatorias o residenciales, así como los parámetros de operación de cada una de ellas.
Sin embargo, de acuerdo con la Dra. Ospina, la cantidad de lugares privados para el tratamiento ha limitado la capacidad del CONADIC para monitorear todos los centros, ya que no necesariamente todos están certificados; tan solo el 8.9% de los establecimientos cumplen con los requisitos planteados en la NOM-028.
Además, agregó que los procesos de tratamiento se vuelven complicados, ya que muchos de los centros carecen de las condiciones adecuadas para llevar a cabo el proceso de desintoxicación, como falta de alimento y mobiliario.
“Encontramos un mobiliario súper pobre. Las personas tienen que dormir en el suelo porque no hay camas, tienen mala alimentación. Es un proceso de mala calidad porque estas viviendo un proceso de desintoxicación, y necesitas nutricionalmente acceder a un tipo de comida» mencionó.
Por otro lado, aunque existen centros residenciales públicos regulados por la Secretaría de Salud, no significa que sean de acceso gratuito. Esta situación hace que las personas con menores capacidades adquisitivas no puedan acceder a los servicios que estas instituciones ofrecen.
“Normalmente hay una institución pública por estado, en el caso de San Luis Potosí, se llama Tonatzin, es un centro con unas instalaciones amplias, con una enorme plantilla de profesionales, con una gran diversidad de actividades. Tonatzin costaba entre 20,000 y 30,000 pesos por tres meses de tratamiento; entonces son costos que no necesariamente son accesibles para toda la población” comentó la Dra. Ospina.
Desigualdad en acceso al tratamiento
A pesar de que la falta de acceso a tratamiento contra las adicciones afecta a todos los sectores de la población por igual; las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGBT+ son los sectores más vulnerables, ya que no hay tratamiento acorde a sus necesidades y vivencias.
De los 268 centros modalidad residencial en México, solamente 36 están dirigidos específicamente a las mujeres; otros 83 centros reciben a hombres y mujeres, pero la mayoría sólo recibe hombres. Además, para las mujeres resulta más complicado internarse debido a los roles de crianza y en muchas ocasiones, en caso de estar embarazadas, no se les permite el acceso.
“Hay muchos menos centros para mujeres y eso es problemático; primero por las situaciones de abuso y violencia sexual que viven, y en segundo lugar porque las mujeres tenemos unas trayectorias particulares de consumo, tendríamos que pensar en qué pasa con la maternidad y el uso de sustancias, qué pasa con mis relaciones y el uso de sustancias, qué pasa con los roles de género”, explicó la Dra. Ospina.
Respecto a la comunidad LGBT+ descubrió que, si bien muchos centros no discriminan por género o preferencia sexual, no existen lineamientos que protejan a este sector ante situaciones de violencia que puedan vivir dentro de los centros de tratamiento. Además, los tratamientos no cuentan con una perspectiva de género.
En cuanto a los adolescentes, la Dra. Ospina mencionó que en los Capa es común ver jóvenes que apenas están iniciando en el consumo de sustancias conviviendo con gente que ya lleva tiempo consumiendo, pues no hay servicios exclusivos para adolescentes acorde a sus historias de vida, cuando los jóvenes deberían tener otras herramientas de intervención distintas, ya que las vivencias son diferentes.
La investigadora recalcó que es importante dejar de mirar el “internamiento” como única opción posible, sobre todo en los jóvenes, y crear nuevas alternativas de atención al uso problemático de drogas en donde los usuarios tengan mayor participación en sus procesos de tratamiento y se les acerque a los servicios de salud antes de que el consumo se vuelva problemático.
“Al incorporar otros saberes enriqueceríamos esa comprensión del consumo y de cómo proponer alternativas a la gente, alternativas que partan de la escucha” comentó la Dra. Ospina.
Para la investigadora Ospina, se necesita contar con un financiamiento adecuado, que permita mejorar la calidad del tratamiento de los centros públicos y privados, además de apoyarse de la academia para evaluar los procesos de tratamiento, ya que hay muchos estudios sobre las drogas, pero pocas evaluaciones.
Angélica Ospina- Escobar es Doctora en Estudios de Población. Sus áreas de interés son la población y salud, particularmente el uso problemático de drogas desde una perspectiva sociodemográfica y de curso de vida. Es miembro de redes de investigación de población, adicciones y vulnerabilidad.
Si tienen interés en entrevistar a la Dra. Ospina para abordar los temas del artículo, puedes mandar un correo a comunicacion@cide.edu
