Ciudad de México, 18 de marzo de 2020. Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos se creó el Programa Nacional de Implementación de Juicios Orales Mercantiles y se trabajó el “Diagnóstico Nacional de Juicios Orales Mercantiles”, donde participaron la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los profesores investigadores del CIDE que participaron en el diagnóstico fueron el Dr. Sergio López Ayllón, el Dr. José Roldán Xopa, el Dr. José Antonio Caballero, el Dr. Alain De Remes La Brely y la Mtra. Cristina Galíndez Hernández, quienes apoyaron en el desarrollo de herramientas para recolectar y medir la información recabada a partir de la aplicación de un cuestionario que identificó de manera puntual las áreas de oportunidad en los juicios orales mercantiles.

En entrevista con el Dr. José Antonio Caballero, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, explicó que en los juicios orales los jueces ahora tienen que modificar la manera en que actúan cotidianamente, desarrollar nuevas habilidades y tener mayor claridad sobre lo que están expresando en el momento y agregó «la oralidad te da un parámetro de transparencia. No es lo mismo que resuelvas en tu escritorio, consultando un expediente cerrado a que resuelvas en un salón abierto al público en general, donde cualquiera puede escuchar en qué condiciones y bajo que argumento se está resolviendo un proceso en particular, esto da transparencia y ayuda al proceso de rendición de cuentas».

Para elaborar el diagnóstico de los 32 tribunales del país, se determinaron cuatro ejes estratégicos para la medición del grado de implementación de los juicios orales en materia mercantil: salas de audiencia, capacitación, estructuras organizaciones y sistema de estadística judicial. En entrevista con el Dr. Alain de Remes La Brely, Coordinador Académico del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, explicó que el CIDE hizo un acompañamiento durante la transición al sistema de juicios orales mercantiles.

El Dr. Alain de Remes La Brely comentó algunos de los hallazgos del diagnóstico. Afirmó que encontraron que el grado de implementación de la oralidad en todos los tribunales de los 32 estados es del 47%, en cuanto a los avances en infraestructura y equipamiento se tiene un 57%, en la capacidad para resolver hay un 55%.  En los sistemas de apoyo, gestión y asignación de turnos se evoluciona favorablemente con un 57%.

Además, explicó que el área de oportunidad detectada es en el apartado de estadística judicial y comentó «esto nos dice que hace falta capacitar al personal para que de manera sistemática vaya registrando los procesos y los transforme en estadísticas». En cuanto a la organización de los perfiles y los protocolos de las salas especializadas se encontró un 45% de avance, por lo tanto, este es un aspecto más para mejorar en la implementación de los juicios orales mercantiles.

El Dr. Caballero apuntó a que las recomendaciones dadas en el informe se tradujeron en proyectos de reforma al código de comercio. Mencionó que también se recomendaron modelos de gestión de salas de audiencia y modelos específicos para la toma estadística.

José Antonio Caballero es Doctor en Derechos por la Universidad de Navarra. Está especializado en sistemas de impartición de justicia y sus procesos de reforma, enseñanza del derecho, justicia penal y administración de justicia. Algunas de sus publicaciones son Diagnóstico sobre la Administración de Justicia en las Entidades Federativas (UNAM, 2001), Derecho de acceso a la información en el Poder Judicial (FKA-LIMAC-CD, 2006) y el Libro Blanco de la reforma judicial en México (SCJN, 2006).

Alain De Remes La Brely es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, con especialidad en política comparada y en relaciones internacionales. Fue coordinador de asesores en la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. Ha sido investigador en el CIDE y profesor en el ITAM.