Por Carlos Silva Forné (IIJ-UNAM), Catalina Pérez Correa (CIDE)  Rodrigo Gutiérrez Rivas (IIJ-UNAM)

El 30 de junio de 2014, diversos medios reportaron un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y presuntos miembros de la delincuencia organizada en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. El saldo del enfrentamiento fue de 22 civiles muertos, entre los que se encontraba una adolescente de 15 años. Tras realizar las diligencias correspondientes, la procuraduría del Estado de México afirmó, a través de un comunicado (Ferri, 2014), que el intercambio de disparos fue proporcional entre ambos bandos. El 9 de julio, ante la aparición de una testigo presencial, la Revista Esquire reportó que las muertes ocurridas en Tlatlaya podrían tratarse de privaciones arbitrarias de la vida por parte de Ejército Mexicano. El reportaje dio pie a diversas indagaciones, incluida la apertura de una investigación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El 21 de octubre, a través de la recomendación 51/2014, el organismo señaló que, dadas las investigaciones realizadas, podía afirmarse que existió la privación ilegal de la vida y la alteración de la escena del crimen por parte de los miembros del Ejército, “con la intención, muy probablemente, de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento” (CNDH, 2014).  El 26 de septiembre, como respuesta ante la presión nacional e internacional, el Secretario de Gobernación afirmó que, de tratarse de privaciones ilegales de la vida, era una excepción y no una práctica común del Ejército (Reforma, 26 de septiembre de 2014).

* Documento completo en: www.juridicas.unam.mx/novedades/letalidad.pdf
**La imagen (gráfica) fue tomada de la página de Internet de la revista Nexos (Julio 2015) y pertenece al documento.