Ciudad de México, 18 de septiembre de 2020. El 07 y 19 de septiembre del 2017 ocurrieron sismos con magnitud de 8.2° y 7.1° en la escala de Richter. Ambos desastres naturales dejaron daños severos en la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Puebla.
Las labores de rescate y apoyo se dieron por parte de la sociedad civil y el gobierno a nivel estatal y federal, y quedaron registradas en diversas plataformas de transparencia y rendición de cuentas para que los ciudadanos pudieran tener acceso a las ayudas que el gobierno otorgó. El artículo “Acceso a la información y desastres naturales: El caso de los sismos de septiembre de 2017 en México”, de Guillermo Cejudo, Profesor Investigador Titular de la División de Administración Pública (DAP) del CIDE y Natalia Torres Martínez, académica del Colegio de México (COLMEX) analiza solicitudes de información realizadas derivadas de los sismos.
“Dado que la información sistematizada, disponible y oportuna juega un papel importante en minimizar daños, acelerar la recuperación y vigilar la corrupción en el uso de recursos, es importante entender cómo se pueden mejorar las respuestas otorgadas”, apunta el artículo de investigación.
Para esta investigación, se plantearon tres preguntas centrales: ¿para qué usan las personas su derecho de acceso a la información en un desastre natural?, ¿qué tipo de respuesta reciben? y ¿qué oportunidades existen para mejorar el acceso a la información durante desastres naturales?
Transparencia, área de oportunidad en desastres naturales
En total, se analizaron 3,705 solicitudes a sujetos obligados sobre los sismos entre el ocho de septiembre y el 31 de enero de 2019, de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y algunas plataformas estatales. El 85% de estas, se realizaron a sujetos obligados en los estados más afectados; el 12% a entes federales y el 2.1% a nivel estatal.
Los sujetos obligados que más recibieron solicitudes sobre los sismos fueron alcaldías y dependencias de la Ciudad de México. La delegación Cuauhtémoc recibió el mayor número de solicitudes relativas al desastre natural, con 331, lo que equivale al 17.4% del total que recibió en el periodo; después la Secretaría de Finanzas (224 solicitudes, 8.6% del total), la Secretaría de Obras y Servicios (222 solicitudes, 21% del total), la Jefatura de Gobierno (206 solicitudes, 20% del total), la delegación Coyoacán (168 solicitudes, 11.7% del total) y la delegación de Tlalpan (165 solicitudes, 11.5% del total).
Además, la investigación evidenció que las personas no siempre realizaron las preguntas correctas sobre el tema a las instancias gubernamentales. Un 25.7% de las solicitudes cuestionaban sobre inmuebles específicos, lo que significa que las plataformas de trasparencia fungieron como un canal de orientación para proceder adecuadamente ante los sismos.
“Las obligaciones de transparencia no se basan únicamente en hacer público lo ya existente, sino en la obligación previa de documentar las actividades efectuadas en el ejercicio de las atribuciones de cada autoridad pública” se comenta en la investigación respecto a los hallazgos y posibles mejoras en acceso a la información en situaciones de desastres naturales.
La investigación sostiene que se puede mejorar la respuesta a las preguntas hechas a las plataformas de transparencia en contextos específicos como desastres naturales y sugiere que es fundamental que aquellas dependencias a las que sea probable que las personas acudan a solicitar información se preparen de varias formas:
- Designando a funcionarios responsables de atender las solicitudes de forma ágil;
- Capacitarlos para canalizar a las autoridades competentes aquellas que no le corresponden y atender las solicitudes adecuadamente formuladas.
- Facilitar información durante el periodo de emergencia, con líneas telefónicas específicas.
Guillermo Cejudo es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Boston. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel II) y está interesado en políticas públicas, federalismo y rendición de cuentas. Coordinó el proyecto Métrica de Gobierno Abierto (para el INAI), diseño y coordinó la Evaluación de Coordinación Interinstitucional y la Participación Ciudadana en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ha sido consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. En 2020 fue electo como uno de los seis consejeros académicos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
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